El gobierno catalán se ha ahorrado un total de 64,1 millones de euros en el abono de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) desde que se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno, en el periodo que va desde enero de 2021 a junio de este año. La Generalitat se ha podido ahorrar esa cantidad en las ayudas que dan a las personas que reciben las dos prestaciones, ya que ha hecho deducciones en la RGC por el cobro del IMV hasta llegar al mínimo que se considera imprescindible y abona la diferencia.
Estos datos han sido facilitados por la Dirección General de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales del Govern tras solicitarlo en el portal de transparencia de la Generalitat la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que impulsó con una iniciativa legislativa popular esta prestación y que hace el seguimiento del día a día. El último mes del que se facilitan datos en la respuesta a través del portal de transparencia es el de junio de este año, cuando el gobierno de Pere Aragonès se ahorró 6,1 millones de euros en dinero destinado a prestaciones de la RGC porque los beneficiarios ya cobraban dinero procedente del IMV.
Esta cantidad ha ido al alza desde enero de 2021, cuando el ahorro ascendió a 279.335 euros, el mes siguiente a 364.269 y el siguiente, marzo, 438.078 euros, hasta llegar a los más de 6,1 millones de euros en junio de este 2022. En cuanto a la RGC, la Generalitat ha abonado entre enero y junio de 2022 un total de 268,3 millones de euros en pagos correspondientes a esa prestación, mientras todo el pasado 2021 se gastó 528,1 millones de euros, según las cifras facilitadas.
El portavoz de la Comisión Promotora de la RGC, Diosdado Toledano, ha explicado a EFE que, a pesar de este ahorro de más de 64 millones de euros, el gobierno catalán no ha apostado, hasta ahora, por actualizar el IRSC (Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña), que es el baremo que se usa para dar acceso a las prestaciones sociales en Cataluña a las personas vulnerables y que está congelado desde 2010.
El alcance de esta prestación, anunciada en pleno Estado de alarma, en 2020, está lejos de los objetivos marcados inicialmente por el Gobierno. En el momento actual uno 500.000 hogares donde viven 1,3 millones de personas se benefician de esta prestación esencial más si cabe en la actual espiral inflacionista incrementada por la guerra en Ucrania. El Ejecutivo quiere llegar más lejos y por eso el Ministerio de Inclusión va a dar una vuelta de tuerca a su estrategia: se van a buscar posibles perceptores en comedores sociales.
Su objetivo es que a finales de este año los beneficiarios del Ingreso Mínimo alcancen los 600.000 hogares, en torno a 1,5 millones de personas. Es el horizonte que se han fijado para, a lo largo del próximo año, intentar llegar a los 850.000 hogares que se estimó cuando se aprobó la medida con una amplia mayoría parlamentaria.
Las reformas en la prestación que ha ido aprobando el Gobierno han ayudado a ampliar el número de beneficiarios. Pero hace falta más y por eso el ministerio ha decidido 'entrar' en los comedores sociales o en centros de reparto de ropa. El objetivo es intentar encontrar situaciones de especial vulnerabilidad, trabajando codo con codo con organizaciones sin ánimo de lucro. Los funcionarios se desplazarán a estos lugares donde puede haber nuevos beneficiarios de la prestación, apunta Inclusión. Lo harán en colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en estos centros con los más vulnerables.
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