Un total de 29 funcionarios afectados por el 'caso del procés' ya han solicitado hacer uso del aval del Fondo Complementario de Riesgos en caso de necesitarlo en el futuro. El fondo se aprobó el pasado 6 de julio en el Govern mediante un decreto ley y, después, el 29 de julio, se aprobó en el Parlament tras pasar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que lo avalaba. El texto se debate este jueves en el Pleno catalán con la confrontación de Ciudadanos, que ha registrado una enmienda a la totalidad. Cuando se aprobó, el aval, llamado Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, fue comunicado como una 'caja' para afrontar las obligaciones legales que requieran los funcionarios en un proceso judicial o administrativo. El objetivo era extender medidas que protegieran los derechos de los trabajadores públicos catalanes cuando la cobertura de las pólizas de seguro de responsabilidad civil, patrimonial y contable que tiene suscritas la Generalitat no garantice dicha protección. Una oleada de posibles afectados ya se ha acogido a él para 'blindarse' en caso de que tras un proceso judicial en España o en las Instituciones Europeas deban responder económicamente.
La cifra de solicitantes ha sido confirmada por fuentes del Departament d'Economia i Hisenda que trabajaron en la propuesta junto con Jaume Giró. Afirma que en el caso de que sea necesario, tras llevar un posible caso judicial a la UE si se considera a la persona culpable, esta pueda recurrir al fondo para que "responda" por el encausado. Como defiende, "ya funciona", al estar en vigor desde el día de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el día siguiente de ser aprobado por el Govern. Aunque, entonces, la institución jurídico-consultiva de la Generalitat hizo una recomendación de mejora. A pesar de dar 'luz verde' a la integridad del texto, invitaba a modificar algunos puntos "técnicos". El texto en vigor, con las modificaciones cambiadas, se presentará esta semana tras seguir las recomendaciones del CGE. Se trata de cuestiones "muy técnicas" que se incorporan dada la naturaleza del texto como proyecto de ley. Así, el jueves se inicia el debate a la totalidad del texto, dando lugar a un periodo para considerar posibles enmiendas.
Desde el Departamento de Hisenda han defendido a 'capa y espada' la transparencia y solidez del texto, que es, a su parecer, "jurídicamente impecable". Fuentes del Departament argumentan que "no comporta ningún riesgo" y que el proyecto pasó por el Tribunal de Cuentas. Un órgano que aún no se ha pronunciado sobre el asunto y que pasó, a su vez, el documento a la Abogacía del Estado para que lo considerase. El órgano administrativo del Estado, sin embargo, lo ha vuelto a remitir al Tribunal de Cuentas. Desde la Conselleria ya dieron viabilidad, y consideran que las modificaciones han sido simplemente por la mejora de la redacción sin que varíe la trascendencia del contenido. Como quedó recogido en el acuerdo del Govern, el fondo contará con una aportación inicial de 10 millones y se irá actualizando en función de las liquidaciones. En el caso de que los solicitantes, tras ese hipotético proceso judicial tengan que afrontar una responsabilidad contable, el aval repondrá económicamente por el encausado pero la persona beneficiaria tendrá que devolver el dinero más los intereses y los gastos.
El texto también recoge que, hasta que no se designe una entidad, la gestión la llevará el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). La entidad, gestiona el aval temporal y excepcionalmente hasta que una posible entidad financiera se haga cargo. Cuando el conseller de Economia i Hisenda, Jaumé Giró intentó convencer a algún banco en verano, ninguno lo vio claro debido a "la presión mediática", en opinión del Departament. Pero por ahora, ninguna entidad catalana ha 'el paso al frente', ni siquiera cuando el conseller puso la propuesta sobre la mesa garantizando seguridad jurídica. Los bancos se echan atrás por temor a incurrir en malversación y el ICF también se ha resentido: tres miembros de la junta dimitieron en verano. Pero desde el Govern se sigue intentando. Desde Economia i Hisenda afirman que hay varias vías abiertas con otras entidades y que se está trabajando en ello. De hecho, en su día, Giró tanteó incluso buscar bancos extranjeros. La explicación que da a la tardanza de una entidad que confíe en la propuesta esta en, declaran, "cuestiones entremedio que echan para atrás a las entidades".
El Departament d'Economia i Hisenda abre "vías" con entidades bancarias para que gestionen en fondo
La suma millonaria sigue congelada hasta que no se active el proceso de su requerimiento. Pero las solicitudes ya están registradas. La forma de financiarlo se da gracias al mecanismo de 'gastos no departamentales', que ya han recogido la dotación económica cuando se aprobó el aval desde el Govern el pasado 13 de julio. Una vez en el 'Fondo no departamental' se movió la cantidad económica al Departamento d'Economia i Hisenda y de aquí se depositó en el fondo gestionado por el ICF, tal y como recoge el decreto ley. Dicha previsión económica prevista para estos 'gastos no departamentales' quedan recogidos en los presupuestos. Cada Conselleria cuenta con una partida de esta clase y hay una cantidad "no asignada" que puede 'moldearse' a la petición de un departamento si lo solicitara. Es lo que ha hecho el Departament d'Economia i Hisenda.
Así, en pleno estallido tras quedar libre Puigdemont este lunes a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia de Europa sobre su inmunidad, algunos posibles afectados ya se protegen por si les ocurre lo mismo. Funcionarios del Govern que han visto que se pone en riesgo su integridad al poder ser llevados antes las altas instituciones jurídicas y que se recogen, gracias al marco que brinda este Govern, bajo nuevos mecanismos jurídicos y económicos. Mientras Puigdemont grita "basta" en Italia sin miedo tras superar su cuarto juicio en tribunales europeos, en Cataluña se construyen aparatos para desarmar el temor al 'tercer poder'.
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