La Junta Electoral deja en manos del Govern las mesas electorales del 14-F

La Junta Electoral de la Zona de Barcelona ha encargado al Govern la solución para garantizar la constitución de las mesas electorales para el 14-F, ante el aluvión de alegaciones de los miembros elegidos que piden que se les exima. Con los datos facilitados por algunas de las Juntas Electorales de Zona, ya son 16.489 las personas que han presentado alegaciones contra su nombramiento para una mesa, lo que supone aproximadamente el 20% del total, si bien esta cifra podría ser mayor en los próximos días, ya que se desconoce todavía el número de solicitudes en varias de estas Juntas.

En declaraciones a Efe este jueves, el presidente de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona, Santiago García, ha explicado que la idea de recurrir a voluntarios para suplir posibles vacantes en las mesas electorales procede de la conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia y del Ayuntamiento de Barcelona.

Otras posibles alternativas que se barajan para asegurar que las mesas queden constituidas el 14F incluyen recurrir a los suplentes de otras mesas cuya presencia ya no sea necesaria al haberse cubierto el cupo o incluso hacer un segundo sorteo. Para el presidente de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona, una bolsa de voluntarios "no es la solución más óptima", pero sí la "menos mala de todas ellas".

García ve más complicado desde el punto de vista jurídico recurrir a un suplente, cuya presencia ya no sea necesaria al haber quedado configurada la mesa, puesto que se le estaría obligando a asumir un cargo en la misma para el que no ha sido elegido en el sorteo, algo que no contempla la ley. "En cambio, con ese grupo de voluntarios no se está obligando a nadie", ha insistido el juez.

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Al preguntársele si finalmente se opta por reclutar a voluntarios, por cómo debería hacerse este proceso o cuál debería ser el plazo máximo para tener preparado este plan B, ha recalcado que es el Govern quien debe encargarse de "buscar las soluciones" a esta situación "excepcional", puesto que la función de la Junta Electoral se limita a supervisar el proceso electoral y resolver conflictos.

García ha indicado que si se recurre a esta solución, corresponde a la Junta Electoral garantizar que, realmente, se trata de un voluntario, es decir, que se cumple el principio de voluntariedad. Para el juez, cualquier perfil es válido para poder ser voluntario, incluidos los funcionarios, con la excepción de interventores y apoderados, porque supondría darle un "tinte de parcialidad a la configuración de las mesas", de manera que en principio no deberían ser admitidos.

Ha opinado que, si se recurre a voluntarios, no existe un "riesgo" de politización adicional de las mesas: "Ese riesgo también existe con el proceso de nombramiento ordinario, porque todos los ciudadanos tienen derecho a formar parte de un partido político y a su ideología", ha subrayado. En este sentido, ha agregado: "La absoluta neutralidad nunca se va a garantizar en las mesas".

A pesar de que el uso de voluntarios en las mesas electorales no está previsto en la ley y puede existir un vacío legal, García entiende que no habría impugnaciones de los resultados de los comicios, aunque siempre se puede impugnar por causas de nulidad. "No está contemplado en la ley, pero tampoco está expresamente prohibido", ha dicho García, quien ha defendido además que la "ley siempre va a remolque de la realidad".

En cuanto a las alegaciones presentadas por las personas designadas en las mesas para que se les exima de esta obligación, ha explicado que se están resolviendo muchas a favor de los recurrentes en un cifra probablemente algo por debajo del 50%, aunque todavía no se dispone de datos más concretos.

Ha precisado que se están valorando las solicitudes con el "mayor rigor posible", siguiendo criterios jurídicos y médicos, y en el que prima sobre todo la "gravedad" en relación al "riesgo", es decir, si se somete a esa persona a un "riesgo intolerable".