Las elecciones catalanas de febrero de este año están siendo el trampolín para realizar todo tipo de piruetas políticas. Pero también hay quien puede valerse de un ardid que mezcla lo político con lo judicial. Así se puede definir a la maniobra que puede llevar a cabo la candidata de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, que está pendiente de que el Tribunal Supremo dé un paso más para juzgarla por haber adjudicado presuntamente varios contratos 'a dedo' cuando era consellera del Govern catalán. Algo que podría evitar si el resultado de las urnas catalanas le otorga un escaño en el Parlament, lo que le devolvería la condición de aforada en una autonomía. Por lo que el Alto Tribunal tendría que enviar la causa a otra instancia.
Como explican fuentes parlamentarias a esta redacción, Borràs estaría en condiciones de esquivar al Tribunal Supremo si los electores depositan su confianza en ella en Cataluña. Si el juez Eduardo de Porres no decreta la apertura de juicio oral, y si esta lograra un asiento en el Parlament, volvería a contar con la protección que otorgan los Parlamentos. Esa por la que los tribunales que quieran continuar una investigación a un diputado tienen que reclamar a esa cámara que les permita hacerlo. El Congreso ya se lo permitió al TS cuando aprobó por mayoría el suplicatorio que solicitó la Sala de lo Penal para poder investigar a la todavía portavoz de JxCat por posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, y falsedad documental por adjudicar contratos de manera irregular a un informático con el que trabajó en el pasado. Estos presuntos delitos los habría cometido durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), donde estuvo de 2013 a 2017.
Pero los intentos del Supremo podrían no prosperar si a JxCat le va lo suficientemente bien como para que la 'número 2' por Barcelona acceda al escaño. Y especialmente si el TS no cierra pronto la instrucción. Algo que es factible dado el tirón electoral de la candidatura que encabezará el expresident Carles Puigdemont, que sale en el primer puesto de la lista a pesar de que luego se espera que ceda el testigo a Borràs para liderar el grupo parlamentario. Cuando esto suceda, la nueva diputada del Parlament volvería a estar aforada. Y a los jueces no les quedaría más remedio que enviar la causa por la que la investiga al tribunal competente, que en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Su nuevo puesto dilataría todo el proceso. Al salir del Congreso, el TSJC sería el que tendría que encargarse de nuevo de la instrucción. Un balón de oxígeno en términos de tiempo, que permitiría a Borràs preparar mejor la posible defensa que tendría que plantear si finalmente es procesada. Pero también hay que contar con un componente político, dada la supuesta esperanza de que los jueces de esta instancia sean más benevolentes que los del Supremo. Algo en lo que confían en JxCat, según las fuentes parlamentarias conocedoras del caso consultadas por este diario. Pero sobre lo que no hay nada escrito, ya que no tiene por qué haber un trato preferencial para Borràs en un tribunal aunque esté radicado en Cataluña.
Quien tiene en la mano que Borràs gane tiempo o tenga que afrontar un juicio en el Supremo es el magistrado Eduardo de Porres, que es quien lleva la instrucción dentro de la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena. A favor del TS está que aún falta casi mes y medio para las elecciones catalanas, lo que les da cierto margen hasta entonces. El problema es que ese mismo calendario ya es ajustado de por sí, ya que la investigación aún no ha finalizado. De hecho, aún podría llamarla a declarar, como ya ocurrió en julio. Entonces, la diputada se negó a responder a las preguntas acogiéndose a su derecho a no declarar. Fue justo antes de que se conociera el informe pericial de los trabajos que se adjudicaron al informático Isaías Herrero, que la Fiscalía cifró en 18.
Todas esas adjudicaciones estuvieron dotadas con menos de 18.000 euros, para así poder ser asignadas de forma directa y sin concurso público. Algo que Borràs habría hecho fraccionando los contratos de forma ilegal, según apunta la investigación. Por lo que el fraude supuestamente cometido por la candidata de JxCat llegaría a los 260.000 euros, y todo habría ocurrido en los años en los que presidió la Institució de les Lletres Catalanes. Unos indicios que son suficientes para que la Fiscalía tenga claro que debe ser juzgada en el Supremo, según explican fuentes conocedoras del caso. De Porres será el que lo decida, ya que si continúa viendo posibles delitos tras terminar la instrucción, dará 10 días al Ministerio Público para que se pronuncie. Después, llegaría esa apertura de juicio oral. Y si la política catalana aún no ha dejado el escaño del Congreso, pasaría por el banquillo del Supremo aunque después logre plaza en el Parlament.
Mientras la Justicia decide si acelera contra Borràs o le concede ese 'balón de oxígeno' que ansía, lo que está claro es que su causa abierta será un tema de debate durante la campaña de las catalanas. La ruptura de su partido con el PDeCAT, la brecha cada vez más grandes con ERC y su enfrentamiento total con el PSC, PP, Ciutadans o Vox facilitará que sus rivales tiren del asunto para recordar que una de las favoritas a liderar el Govern está acusada de corrupción. Por lo que el futuro judicial de esta influirá en los movimientos que se realicen. Sin olvidar que junto a ella estará Puigdemont, que sigue residiendo fuera de España para evitar las posibles medidas de los jueces por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
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