Parálisis en el urbanismo de Lleida un año después de la irrupción de ERC

El urbanismo de Lleida está estancado. En unas semanas se cumplirá un año del relevo en el gobierno municipal y de la llegada de un pacto entre ERC, JuntsxCat y el Comú de Lleida para liderar la ciudad con mayoría absoluta bajo la batuta del republicano Miquel Pueyo. En este periodo se han paralizado o bloqueado proyectos de envergadura para la ciudad, como el propio planeamiento general de la ciudad para los próximos 20 años, así como iniciativas que conllevaban importantes inversiones privadas. Al menos así lo denuncian fuentes solventes del PSC de Lleida, que lamentan que aún se desconozcan las nuevas prioridades y que por ahora no se han liderado otras propuestas más allá de anuncios y promesas. De hecho, en un año sólo se habrían terminado proyectos menores de mejora y mantenimiento de la vía pública que había iniciado el anterior gobierno socialista y se ha dejado de invertir.

En esta línea, el crecimiento urbano es nulo y hay indefinición sobre el futuro por falta de planificación y con dudas sobre la seguridad jurídica porque se desconoce si habrá cambio de directrices a corto plazo. Si bien es cierto que hay un plan general vigente, éste estaba en proceso de revisión y el nuevo gobierno local, abanderado por el teniente de alcalde de JxCat, Antoni Postius, ha paralizado su tramitación y ha anunciado que empezará de cero el nuevo POUM. No obstante, desde este bloqueo aprobado en septiembre de 2019 no ha habría habido ni un paso nuevo ni se han tramitado informes o expedientes para configurar el nuevo POUM del gobierno independentista de Lleida.

De acuerdo con las citadas fuentes, esta situación frena a los inversores porque los nuevos proyectos precisan de certidumbre a medio y largo plazo para garantizar que sus proyectos no se tengan que modificar antes o durante su tramitación. También denuncian que desde Urbanismo se ha bloqueado el nuevo POUM y se han frenado numerosos proyectos que estaban ya a punto de empezar. Las razones esgrimidas son de falta de presupuesto. Por ejemplo, se han parado las reformas de plazas emblemáticas en el auditorio o junto al complejo de arte de la Panera, iniciativas aprobadas en el anterior mandato tras un proceso de participación ciudadana y que suponían inversiones de 1,6 millones de euros. También ha pasado a mejor vida un gran proyecto de espacio público llamado el Parque de las Artes, fruto de una larga reivindicación vecinal.

De la iniciativa privada, el proyecto más singular que el Ayuntamiento de Lleida intenta paralizar es el del parque comercial de Torre Salses, un complejo de ocio y medianas superficies que impulsan los grupos Eurofund y Frey des de hace más de cinco años y que ya estaba aprobado, pero ahora la nueva corporación pone trabas a dos expedientes secundarios que bloquean una inversión privada de más de 100 millones de euros que conllevará la creación de un millar de empleos entre directos e indirectos, además de generar actividad y negocio a empresas y proveedores locales, así como a emprendedores y hosteleros.

La oposición esgrime que la negativa a este proyecto contrasta con la proliferación de equipamientos comerciales en otra zona de Lleida, en el barrio de Cappont. La inacción municipal pondría en peligro incluso el patrimonio más preciado de Lleida, ya que se han derrumbado tramos de murallas del recinto de la Seu Vella, un complejo arquitectónico e histórico que pretende ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y no se invierte ni un euro en estas fortificaciones.

Urbanismo ha anunciado grandes obras e iniciativas, pero nada se ha materializado hasta ahora. Rechaza Torre Salses, pero impulsa la construcción de un gran centro comercial en el centro de Lleida, a pesar que el proyecto es inviable desde hace más de una década, mucho más caro que el de Torre Salses y ningún inversor lo quiere asumir. También ha prometido un gran polígono logístico e industrial, pero no se ha movido ni un expediente.

Una de las excusas que pone el gobierno que encabeza Miquel Pueyo es la falta de dinero y la enorme deuda de 170 millones heredada de 40 años de gobiernos socialistas. Esta situación de crisis ha obligado al ayuntamiento a someterse a un plan de saneamiento y ahora las finanzas municipales se verán más perjudicadas por el sobrecoste que generará la pandemia del coronavirus. Siempre según estas fuentes, la Corporación ha subido impuestos, pese a prometer lo contrario, y ha aumentado su deuda a largo plazo con operaciones de crédito para refinanciar empresas de urbanismo o el parque científico. Pero no ha puesto a la venta suelo con posibles compradores ni desbloquea el citado parque comercial que le reportaría ingresos e incluso cuando los promotores quieren asumir inversiones viarias. Sobre este proyecto, el ayuntamiento podría ingresar 8 millones en impuestos y licencias, además de librarse de pagar otros 3 millones, comprometidos en la ampliación y desdoblamiento de viales o en mejoras en la urbanización, según la propuesta hecha pública por los promotores.