El PSC trabaja con artesanía para hacer un "trencadís". Un mosaico de cerámica que se ha convertido en estrategia política y que consiste en ensamblar piezas rotas, algo típico en las obras de Gaudí. Así es como 'lee' el diputado socialista Jordi Riba los retazos que dejó la crisis política de 2017 y que el PSC quiere recoger para volver a 'pegar' y crear un muevo conjunto: la normalidad en Cataluña. Una estrategia a nivel 'macro', como se puede ver en el PSOE con la mesa de diálogo y la agenda del reencuentro, y a nivel 'micro', con el PSC en el Parlament, al querer dotar a los altos cargos con la cobertura que tenían antes del 2017. La colocación de esta última 'pieza' se ha dado con el apoyo ayer del PSC a la tramitación de ley en el Pleno catalán del Fons Complementario de Riscos de la Generalitat —conocido como el fondo 'procés' de 10 millones— , tras rechazar la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por Ciudadanos y tras abstenerse el pasado julio a la votación cuando el Govern presentó el decreto.
En ese momento, el PSC reservó su decisión sobre el fondo al dictamen del Consell de Garantías Estatutarias (CGE). El órgano sacó una resolución favorable a la 'caja' al afirmar que tenía garantías pero que faltaba por explicar mejor algunos puntos. Fue entonces cuando el PSC, junto con otros partidos, solicitó el trámite legislativo del texto para tramitarlo como proyecto de ley el 28 de julio a la espera de que, ya en el trámite, se añadan las especificaciones del CGE. La sesión que tuvo lugar ayer el en Parlament forma parte del trámite legislativo en desarrollo, donde se votó el texto alternativo al proyecto de ley por Cs, defendido por el portavoz de Ciudadanos, Nacho Martín, quien tildó de "rescate a los autores del golpe de Estado" a la iniciativa. El texto derogado, al que ha tenido acceso La Información, proponía, entre otras cosas, que los 10 millones de euros para dar cobertura legal a los funcionarios sean devueltos al departamento que los aportó y que el fondo no cuente con una dotación inicial sino sea la Comisión Evaluadora de Riesgos quien considere la cantidad requerida.
La sensación desde Ciudadanos tras la sesión es de frustración. El portavoz de los 'naranjas' en el Parlament, molesto, ha criticado que el PSC se ha relajado y que la Abogacía también al no recibir ninguna "presión" por parte del Gobierno— el órgano del Estado retornó de vuelta el texto al Tribunal de Cuentas—. "Parece que mientras los independentistas no hagan lo que hicieron en 2017, todo lo dejan pasar", ha afirmado Nacho Martín a este medio. Por su parte, la estrategia de PSC es clara. El diputado socialista que defendió la tramitación del fondo frente al portavoz de ciudadanos en el Pleno ayer fue Jordi Riba, que forma parte de la comisión de Economía y Hacienda y que también forma parte del Comité Técnico del Gobieron 'a la sombra' de Salvador Illa. Su función dentro del grupo técnico es, junto a otros, preparar proyectos y propuestas para liderar una oposición constructiva.
Riba ha defendido que conviene devolver la cobertura a directivos políticos después de que las compañías aseguradoras hayan rescindido los contratos. "Ninguna quiere recontratar las pólizas, ninguna se presentará porque consideran que puede haber peligro. Nuestra posición es que el fondo no debe ser exclusivo del 'procés', y que debe ser un factor irrelevante para cubrir a todos", declara el diputado a La Información. Sin cobertura para los altos ejecutivos políticos, el PSC afirma que debe buscarse un mecanismo para que los servidores públicos tengan protección y que esta es la única opción, aunque "artificiosa", para encauzar la normalidad en la Comunidad.
Así, de alguna forma, el fondo supone para la formación de Illa un "invento" para volver al pasado, y que los factores con los que se 'juegue' sean los mismos que antes de 2017. "Hay que coger los trozos rotos y engancharlos como se pueda", afirma Riba. Así, el PSC se tapa los ojos ante los beneficiarios, apoyando una propuesta que ampare a los cargos de la Generalitat ante la falta de un seguro de responsabilidad civil, patrimonial, y contable tal y como tienen "otras CCAA". Una postura clara de concordia, mano abierta y buena disposición de cara al Govern que está lejos de ser 'fuego enemigo' en la cámara de representantes de Cataluña. La mano de Sánchez en Cataluña también se expande.
Por último, el pilar del PSC para hacer la 'vista gorda' al fondo de 10 millones es que se cumplan los puntos del CGE. El organismo incidía en la necesidad de mejorar la norma en aspectos como la tramitación de las solicitudes, las funciones del Instituto Catalán de Finanzas y, sobre todo, en el aparato de retorno del dinero por parte del servidor público en el caso de que haya una sentencia condenatoria. El afectado tendría que devolver todo el dinero 'prestado' del fondo cuando caiga sobre él una condena firme y condenatoria, incluidos los intereses y los gastos generados por razón de las garantías efectuadas. De esta forma, la tramitación sigue en curso en el Parlament y las condiciones del debate se llevarán a una ponencia derivada de los grupos parlamentarios que acogerá el proyecto para realizar las modificaciones. De hecho, incluso, puede pedirse la participación de expertos. El mosaico del PSC se recompone.
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