El grupo PSC-Units ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que estudie si el fondo creado por el Govern para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas se ajusta al Estatut y a la Constitución, antes de que el pleno del Parlament debata y valide el decreto que lo regula. Los dictámenes del CGE, máximo intérprete del Estatut, no son vinculantes, pero aún así fuentes socialistas consultadas por Efe consideran que su aval es importante a nivel político.
Este organismo ha cuestionado en más normas promovidas por el independentismo, como las llamadas "leyes de desconexión" o la regulación de los precios del alquiler. Según las fuentes mencionadas, una resolución positiva del CGE reforzaría la tesis del gobierno catalán de que el mencionado fondo tiene "solidez jurídica", mientras que un dictamen contrario le daría margen para dar marcha atrás antes de incurrir en posibles delitos.
El Govern acordó el martes pasado la creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), con una dotación inicial de 10 millones de euros, para ayudar -entre otros- a los 34 ex altos cargos de la administración catalana a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por la promoción del procés en el extranjero.
Tras la aprobación de este mecanismo inédito, que según el gobierno catalán es legal porque no implica un aval directo, el ejecutivo de Pedro Sánchez dijo que lo estudiaría, y PP, Cs y Vox anunciaron que interpondrían recurso. De momento, los socialistas catalanes piden que sea el CGE quien aclare si esta norma "singular" presenta dudas jurídicas.
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