Radiografía de Vic: el epicentro de los 'indepes' radicales en defensa de Hasél

La capital de Osona, que reúne unos 45.000 habitantes, se ha convertido en un bastión del secesionismo catalán.  Su alcaldesa, Anna Erra, fue noticia hace tres años por  proclamas independentistas desde la megafonía del Ayuntamiento de la localidad: "No nos desviemos del objetivo. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados", enfatizaba entonces. Un suceso por el que tuvo que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vic en 2019 por la querella presentada por un abogado asturiano. 

Lleva en el cargo desde 2015, momento en que se notificó un giro más próximo al independentismo de izquierdas. Tanto en Manlleu como en Vic la CUP sacó cuatro concejales y subió a tercera fuerza política. En las últimas elecciones del 14-F, la CUP ha sido la cuarta fuerza más votada, aumentado en más de 4 puntos el porcentaje de respaldo respecto a 2017: del 5,85% al 10,07%. 

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A pesar de que se ha posicionado en contra de los ataques a la comisaría de Vic la pasada noche del 16 de febrero, diciendo que se había sobrepasado "una línea roja", Erra, diputada de 'Junts per Catalunya', instó el año pasado a todos los ciudadanos de la localidad a hablar en catalán en el ámbito público, sobre todo aquellas personas que, "por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana". 

La comarca de Osona se convierte así en una de las más activas y comprometidas con el independentismo catalán. De nuevo en Vic, hace pocas semanas, la entidad secesionista 'Catalans per la independència' desplegó una 'estelada' negra gigante en la plaza mayor. Y también ha sido el grupo que se ha encargado de promover el compromiso de los partidos independentistas a no pactar con el PSC, elaborando el documento firmado por los candidatos de JxCat, ERC, el PDeCAT y la CUP antes del 14-F.

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El pasado 16 de febrero, la comisaría de Vic fue víctima de un ataque indiscriminado por parte de radicales provenientes de la manifestación convocada por los CDRs de la localidad, que saquearon y destrozaron el local lanzando piedras de grandes dimensiones. En aquel momento, los agentes se vieron sobrepasados por el ataque y tuvieron que activar el código 33, un código excepcional para situaciones de extrema gravedad. 

Previamente, el grupo activista que había convocado la protesta en la plaza mayor a media tarde, también pedía la llegada de raperos que cantaran en contra de "la monarquia española y el estado ultrafranquista". La misma proclama que lanzaron una vez se destrozó la comisaría, adjuntando las fotos de lo ocurrido, poniendo el hashtag de España como estado fascista, y recalcando que los congregados ante la comisaría gritaban "mercenarios". 

Las reacciones al ataque “sin precedentes”, según las palabras del comisario de los Mossos Joan Carles Molinero, a la comisaría han desvelado contradicciones dentro de Interior de la Generalitat. Al día siguiente al suceso, el mayor de los Mossos D’Esquadra, Josep Lluís Trapero, convocó a todos los mandos de la policía catalana, incluido el conseller de Interior, Miquel Sàmper para analizar los hechos. El encuentro se dio para hacer autocrítica, tras el ataque a la sucursal y después de que los agentes policiales hayan estado en el punto de mira por su actuación durante las protestas. Incluidos desde la clase política catalana. 

De hecho, desde ‘Junts per Catalunya’, partido del cual es miembro Sàmper, se evitó mencionar el asalto a la comisaría en un comunicado oficial en el que mostraban su rechazo hacia la actuación del Área de Brigada Móvil (BRIMO): “Junts apuesta por un nuevo modelo de orden público e insta al resto de fuerzas políticas al debate en el Parlamento de Cataluña la reforma del modelo policial catalán”. Algo que la CUP subscribe absolutamente. ERC, aunque de acuerdo con la revisión, asegura que “no se puede dejar el cuerpo sin instrumentos”, según declaró su portavoz, Marta Vilalta, hace varios días.

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Mientras, los Mossos d’Esquadra condenan el silencio del conseller de Interior, Miquel Sàmper. Y en Vic, los agentes locales sólo utilizarán el castellano para dirigirse a los ciudadanos de la ciudad y a las autoridades municipales. También escribirán en español sus partes y los comunicados como medida de protesta por estar en el centro de "la batalla política", y con la esperanza de que así la alcaldesa ceda a las reivindicaciones de los sindicatos que les representan.