El tiempo corre en contra del Govern. Ya ha pasado una semana desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicara al Ejecutivo catalán que tenía 10 días para cumplir la sentencia que impone el 25% de castellano. Pero, pese al 'tic tac' que avanza el fin de plazo, el conseller de Educación, Josep González Cambray, sigue con las manos vacías y sin una propuesta clara, como informan fuentes conocedoras. Según lo dictado por el fallo del TSJC, la semana que viene sería la última para que la Generalitat informe sobre cómo aplicará dicho mínimo de castellano en las aulas y qué órgano será el responsable para su cumplimiento. Además, como también recoge el artículo 104 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa desarrollada, se estima que dos meses es el margen de cumplimiento óptimo para aplicar la resolución, plazo a partir del cual un particular que se encuentre afectado puede "instar a su ejecución forzosa".
Por ahora, la realidad de que aparezcan más familias como la de Canet es cada vez más cercana debido a la resistencia de la Generalitat a acatar el fin del modelo de inmersión lingüística. Un final decretado tras el rechazo del Supremo noviembre al recurso del Govern, y que hizo firme la sentencia del TSJC. Pero la postura general es clara: no al 25%, tanto a nivel político, con el Parlament votando el jueves en contra de exigir ese mínimo y, a nivel académico, con los colegios públicos movilizándose estos días y subscribiendo manifiestos que alegan "criterios ideológicos y no pedagógicos". Así lo afirma una circular rebotada a diferentes profesores de la Intersindical d'Educació, que anima al conseller a no ceder a las "presiones" y que le pide reforzar aún más la educación en catalán.
El mosaico lingüístico que se da en los colegios públicos catalanes tiene multitud de casuísticas. Pero, como aseguran fuentes del sindicado de profesores de secundaria de Cataluña (ACESC), infantil y primaria son los grados educativos donde menos se aplica el castellano y se acentúa la tendencia monolingüe. En los institutos depende del territorio, pero las urbes del litoral suelen recoger más horas de castellano mientras que las poblaciones interiores no. Como confirma Cristina, profesora interina que lleva ejerciendo en diferentes centros desde hace 27 años en Barcelona, "el castellano se imparte 2 horas a los niños, teniendo el mismo rango que una lengua extranjera, apenas se da". Una medida curricular que lleva siendo así "desde hace muchos años" y que se acentuó, explica, cuando gobernaba Jordi Pujol.
La demanda del 25% pide que se imparta otra materia más, como mínimo, además de lengua castellana. Esto obliga a un aumento de 6,25 horas de clases en castellano en primaria y 7,5 horas en secundaria. Un incremento que en algunos centros, como en el que imparte Cristina, triplicaría incluso las horas de enseñanza en ese idioma. Pero muchos docentes no quieren un cambio. Como explica Carla, una profesora de un centro de la periferia de Lleida, la defensa de la inmersión lingüística parte de la base de que el castellano es de uso común en los espacios comunes como los patios. Sobre todo entre la población migrante, tan extendida en la autonomía. Por lo tanto, puntualiza, la forma de revertir la diglosia, sobre todo en jóvenes vulnerables como los que ella atiende, es una adecuada educación del catalán. "Si quieren acceder luego al mercado laboral, además, lo van a requerir para ser competentes", añade.
Sin embargo, como explica Cristina, aunque el uso del habla sea común en dicha población, el modelo inmersivo a veces puede dificultar el aprendizaje gramático del castellano en edades tempranas. "Tuve un dictado con niños de 9 años hace unos días, casi me pongo a llorar con los catalanismos", cuenta. Así, a pesar de que existan diferentes visiones dentro del sistema sobre cómo posicionarse acerca de la sentencia, la problemática abarca otros factores más urgentes en el día a día en los colegios y que también dejan al profesorado temeroso de más carga laboral por el 25%. La Covid ha dificultado la preparación de las clases y la falta de recursos humanos está también al alza. Tanto Cristina como Carla coinciden: los centros están saturados.
A medida que siguen corriendo las agujas del reloj, el cuerpo de funcionarios espera cualquier orden del conseller para saber bajo qué criterios se regula el fallo. Por ahora, la pasividad y la intención de agotar los plazos es la actitud predominante, así como el uso de posibles estrategias que tiren balones fuera buscando recodos jurídicos. Algunos movimientos se amparan en las vaguedades, como pedir una mayor precisión sobre las medidas que se deberían aplicar o en la jurisdicción previa, como el texto de la ley estatal de educación vigente LOMLOE, que no recoge porcentajes mínimos. Como sea, el pulso con el Ejecutivo central parece claro, a expensas de lo que haga la ministra de justicia en caso de que la Generalitat se exceda en los plazos.
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