Este jueves, el 'procés' volverá a focalizar la atención del Tribunal Supremo, en cuyas manos quedará la situación de dos de los principales líderes del panorama político catalán. En primer lugar, el Alto Tribunal deberá pronunciarse sobre el futuro inmediato de Oriol Junqueras después de que la justicia europea reconociera su inmunidad como eurodiputado. Por otro lado, el Govern se mantiene a la expectativa de la reacción del TS ante la orden emitida por la Junta Electoral Central (JEC) que exigen el cese de Quim Torra como diputado autonómico, un requisito 'sine qua non' para ser elegido como president. Las dos salas del Supremo se reunirán este jueves para desenredar estos dos ovillos de la madeja separatista.
Fuentes jurídicas han informado de que, de forma paralela, la Sala de lo Penal, que debe aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE); y la de lo Contencioso, encargada de decidir si suspende cautelarmente las resoluciones de la JEC. En el primero de los casos, la Sala que juzgó a los líderes políticos del 'procés' y condenó al exvicepresidente de la Generalitat a 13 años de prisión por sedición tiene sobre la mesa escritos antagónicos.
Mientras que la defensa de Junqueras reclama la nulidad de su condena y su puesta en libertad, la Fiscalía destaca que la sentencia es firme y sostiene que procede la "inmediata ejecución" de la pena de inhabilitación que el Supremo dejó en suspenso a la espera de la resolución del TJUE. La Abogacía del Estado también rechaza de plano la anulación de la sentencia, pero apuesta por que se permita a Junqueras cumplimentar todos los trámites para obtener su acta de diputado europeo y ejercer sus funciones mientras no se levante su inmunidad, lo que debe solicitarse a la Eurocámara "a la mayor brevedad".
Decidirán si aceptan las medidas cautelarísimas
Los magistrados de lo contencioso, por su parte, no deberán entrar en el fondo de los asuntos. Su misión es decidir si aceptan las medidas cautelarísimas solicitas por las defensas de Junqueras y del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y dejan en suspenso las resoluciones de la JEC mientras estudian su legalidad, tras los recursos presentados por los afectados. Tanto a Junqueras como a Torra la JEC les aplicó el principio de "inelegibilidad sobrevenida", es decir, al haber sido condenados no pueden ser diputados.
En el caso de Junqueras, según la resolución del árbitro electoral, ello implica su cese como diputado electo del Parlamento Europeo, condición que, de acuerdo con la sentencia del TJUE, había adquirido el 13 de junio de 2019, al ser proclamado eurodiputado. En el caso de Torra, condenado por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no quitar los lazos amarillos de edificios públicos en campaña electoral, la JEC instó a retirarle su credencial como diputado autonómico, dejando en mano del Parlament la decisión sobre si debe abandonar también la Presidencia de la Generalitat.
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