Según el Tribunal de Cuentas

El Govern de Puigdemont deberá pagar una factura de 4,1 millones por el 1-O

Aniversario de la consulta 1-O
Aniversario de la consulta 1-O
EFE

El Tribunal de Cuentas ha hecho sus cálculos y ha cifrado en 4,1 millones la factura que el Govern de Carles Puigdemont tendrá que saldar por la partida que, presuntamente, fue desviada para organizar el referéndum unilateral de 1 de octubre. Concretamente, el órgano fiscalizador habla de una 'pella' de 4.146.000 euros, por lo que ha citado a las defensas del expresident de la Generalitat, del que fuera su 'número dos' en el Govern, Oriol Junqueras, y a otras 29 personas, entre ellas exconsejeros y altos cargos para comunicarles el acta de liquidación provisional con la cuantía que la instructora considera que se ha malversado para celebrar la consulta.

Esta cifra, que responde a lo que costó el referéndum más intereses, es aún provisional pues el Tribunal de Cuentas ha dado hasta las 11.30 horas de plazo para que los representantes legales de los investigados estudien el acta de liquidación y presenten las alegaciones pertinentes, lo que podría hacer que la cantidad varíe ligeramente. Una vez concluya este trámite se dará a conocer la fianza que se impondrá a los presuntos responsables para responder a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale, que suele ser de 15 días, se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

Este procedimiento es el mismo que en 2017 se inició contra el expresident fugado, a quien se consideró el máximo responsable del coste de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, por lo que le obligó a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que supuso el importe total de todas las fianzas fijadas. De este modo, Mas tuvo que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no pudieron afianzar. Previsiblemente, este mismo sistema se aplicará a Puigdemont, por lo que será responsable de que se devuelvan los 4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas estima que se desviaron de fondos públicos para la votación ilegal. El citado procedimiento comenzó por la denuncia que Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución interpusieron en el Tribunal de Cuentas.

La lista de investigados 

Entre los investigados, además del 'expresident' y de Junqueras, condenado a 13 años de prisión por el delito de sedición por el 'procés' independentista, se encuentran los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

También se ha citado este martes, entre otros, a los representantes legales de la exconsejera cesada en el verano de 2017 Neus Munté y a los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové, uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, y Josep Gineta (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).

Hasta 979.666,96 euros en papeletas

En el caso del Ministerio Público, no se fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se habría malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería. También destaca que la "acción de la presidencia catalana" en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros en diferentes conceptos.

Por su parte, los otros dos demandantes consideran que el Gobierno de Carles Puigdemont destinó 1.971.601,20 euros procedentes de fondos públicos de la Generalitat. La magistrada instructora ha tenido también en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre por el 'procés' independentista, que se remitió al Tribunal de Cuentas, dado que no puede puede reclamar el dinero, ya que la competencia es del órgano fiscalizador.

Mostrar comentarios