Al 30 de mayo

El TSJC resolverá en 48 horas si frena el aplazamiento de las elecciones del 14F

La primera en recurrir el aplazamiento al 30M ha sido la Lliga Democràtica, una fuerza del catalanismo moderado liderada por Astrid Barrio que intentó, sin éxito, concurrir a las elecciones en alianza con el PSC.

Eva Granados (PSC)
Eva Granados, viceprimera secretaria del PSC, que no ha decidido si recurrir el aplazamiento.
EUROPA PRESS

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas si frena cautelarmente el aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo, como prevé el decreto aprobado el viernes por el Govern, contra el que ya se han presentado diversos recursos. Dos formaciones extraparlamentarias -Lliga Democràtica e Izquierda en Positivo- y dos asociaciones -Federalistes d'Esquerres e Impulso Ciudadano- ya han presentado recurso o están a punto de hacerlo, mientras que un particular incluso ha solicitado adoptar medidas cautelarísimas, lo que obliga al tribunal a pronunciarse de forma urgente sin esperar a conocer el posicionamiento del Govern.

Al alegar el interesado la necesidad de resolver el caso con urgencia, el tribunal deberá pronunciarse en un plazo de dos días sobre si paraliza o no cautelarmente el decreto de aplazamiento, antes de tomar una decisión definitiva. En caso de que aceptase las medidas cautelares solicitadas por el particular, el TSJC daría audiencia a la Generalitat para que en el plazo de tres días presentase sus alegaciones, o bien convocaría a las partes a una comparecencia que debería celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida.

La primera en recurrir el aplazamiento al 30M ha sido la Lliga Democràtica, una fuerza del catalanismo moderado liderada por Astrid Barrio que intentó, sin éxito, concurrir a las elecciones en alianza con el PSC. Según la Lliga, ha habido un "abuso de poder inaceptable", ya que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, "no tiene atribuciones para dejar sin efecto una convocatoria electoral y mucho menos para volver a convocar elecciones cuando considere que se dan las circunstancias oportunas".

Por su parte, Izquierda en Positivo, formación también extraparlamentaria, ha decidido presentar igualmente recurso. Lo mismo ha anunciado Federalistes d'Esquerres, una asociación ideológicamente cercana al PSC y a la que pertenece la diputada Bea Silva, número 4 de los socialistas por Barcelona en 2017 y número 12 en las listas presentadas al 14F, mientras que Carme Valls, vicepresidenta de la entidad, era uno de los nombres que, como independiente, cerraban simbólicamente la candidatura.

Mientras tanto, la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha asegurado que su partido aún no ha decidido si recurrirá el aplazamiento: "Hemos consultado a varios juristas y estamos a la espera de sus informes jurídicos. Decidiremos en función de lo que nos digan", ha afirmado en rueda de prensa telemática. Desde Barcelona, el presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Govern de decidir la fecha del aplazamiento electoral sin el "aval" del resto de partidos, "sin votación" y sin informar de los datos epidemiológicos.

El vicepresidente Aragonès, a su vez, ha comentado que quienes deseen recurrir el aplazamiento "son libres" de hacerlo, aunque ha pedido "responsabilidad" y ha recordado que la fórmula utilizada para justificar la nueva fecha del 30M, "el riesgo inasumible", ya se utilizó en el País Vasco y Galicia.

Sobre el recurso interpuesto por la Lliga Democràtica, la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha denunciado que viene "de la órbita del PSC", que "parece que le está cogiendo gusto al autoritarismo del 155", puesto que "ya fue cómplice y parte activa de las elecciones del 21D" de 2017. Asimismo, la candidata del PDeCAT a la Generalitat, Àngels Chacón, ha afirmado que el recurso de la Lliga es "una maniobra que realiza el PSC" a través de "un testaferro".

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado directamente a "la Moncloa" de estar detrás de algunos de los recursos y de "presionar" al entorno del PSOE y a las élites económicas por "electoralismo". Por su lado, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha señalado que si el decreto de aplazamiento es o no impugnable "lo tendrá que decir la justicia".

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