Vox, Cs y PP llevarán la proposición de ley sobre el catalán en las aulas al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que podría impedir que la norma quedara aprobada antes del 31 de mayo, fecha límite para ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. En rueda de prensa este miércoles, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha anunciado que ha planteado a Cs y PP llevar la ley ante este órgano para "frenar" su aprobación este viernes, y fuentes de ambos partidos ya han afirmado que secundan la propuesta.
Hasta ahora, Vox había rechazado recurrir al CGE, que considera que debe cerrarse: "Sin embargo, estamos ante un momento urgente", ha defendido Garriga, que cree que esta es la única vía para forzar al Govern a explicar cómo cumplirá con el 25% de castellano. Además, ha acusado al PSC de haber pactado con el independentismo para acallar las críticas sobre el espionaje de Pegasus: "El señor Illa hoy se ha entregado 'de facto' al separatismo y ha renunciado al título que tiene en esta Cámara de presidente de la oposición".
Los grupos pueden presentar la petición de dictamen al CGE hasta las 12.00 horas de este viernes -estaba previsto que la ley se aprobara ese día a las 12.30-, tras lo que la Mesa deberá estudiar y resolver sobre su admisión a trámite. Según la ley del CGE, están legitimados para pedir un dictamen sobre una iniciativa de este tipo dos grupos parlamentarios, una décima parte de los diputados o el Govern. Una vez la Mesa acepte la petición, quedará paralizado el trámite parlamentario, con lo que la votación ya no podrá celebrarse cuando estaba previsto, y se abrirá entonces un plazo de siete días hábiles para que el CGE redacte su dictamen.
Cuando lo emita, el Parlament lo remitirá a los grupos y la Mesa abrirá "si procede" -dice el Reglamento- un periodo de enmiendas subsiguientes para plantear cambios conforme a lo que el CGE sugiera. Si el dictamen llega antes del martes o ese mismo día, los grupos podrían acordar celebrar un pleno para votar y aprobar la proposición de ley aún dentro del plazo de ejecución de la sentencia dado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Ahora los partidos que han presentado la ley están analizando qué posibilidades tienen, al igual que el Govern, que preveía aprobar su decreto ley el viernes tras la aprobación de la nueva norma en el Parlament y está por ver qué harán: "Se está estudiando la situación y mirando si hay que rehacer alguna cosa", han apuntado fuentes del Ejecutivo catalán a Europa Press.
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