Cayo lara pide a posada que no se venda coca-cola en el congreso de los diputados

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha pedido por carta al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, que no se mantengan contratos de suministro con empresas que incumplen las resoluciones judiciales y vulneran los derechos de los trabajadores y, en consecuencia, que no se venda Coca-Cola en las instalaciones de la Cámara.
En nombre del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, Cayo Lara explica a Posada que hace un año que Coca-Cola, una empresa, destaca el diputado, con más de 920 millones de euros de beneficio, y su embotellador en la península, Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), anunciaron un ERE apoyándose en la reforma laboral.
Lo presentaron a 1.190 familias, recuerda Lara, esgrimiedo un "plan de adhesión voluntario", es decir, precisa, "o tomas lo que te ofrezco o te vas a la calle", una propuesta "unilateral" sin acuerdo con los sindicatos.
Después de meses de movilizaciones, los trabajadores ganaron el juicio en la Audiencia Nacional, con una sentencia que declaró nulo el ERE y obligaba a la empresa a pagar los salarios que los trabajadores habían dejado de percibir, a readmitirlos en sus puestos de trabajo y a devolverles su salario.
"Puede haber disparidad de opiniones en la conveniencia o no de que una empresa sin pérdidas y con una oferta de despido muy por debajo de la indemnización improcedente realice un ajuste de este tipo. Pero el derecho de los trabajadores a no aceptarlos y oponerse a tal decisión son indiscutibles, y más si la Justicia les otorga la razón", dice Cayo Lara.
Coca-Cola, a día de hoy, no solo no ha acatado la sentencia sino que "ha tratado de desmantelar la fábrica de Fuenlabrada y evitar así el cumplimiento efectivo de la misma", por lo que el comité de empresa presentó en noviembre una denuncia ante la Inspección de Trabajo, en la que aseguraba que Coca-Cola estaba introduciendo trabajadores externos para desmontar la planta, o cual sería contrario a la ley.
Todo ello obliga, según Lara, a denunciar la "inexistente responsabilidad social corporativa" de Coca-Cola, porque más allá de la propaganda la empresa "da la espalda a cualquier tipo de compromiso con unas sanas prácticas de trabajo y empleo".
Reclama por ello la intervención de Posada para que la Mesa del Congreso, responsable entre otras cosas de las contrataciones externas y de la elaboración y ejecución del presupuesto, tome las medidas necesarias para que "no se mantengan relaciones comerciales con empresas o marcas que incumplan las resoluciones de los órganos de justicia y vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y sus representantes".
En consecuencia, "debería ser retirada la autorización para venta de determinados artículos y productos de dichas empresas o marcas en el interior del Congreso de los Diputados, como sería el caso de Coca-Cola".