La Justicia ha dado la razón a los ecologistas en el caso de la familia terrateniente que amplió su vivienda en el Parque Nacional de Cabañeros, convirtiéndola en un auténtico pabellón de caza, además de lugar de recreo. El pasado 1 de febrero el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional dictada hace un año por la que se confirmaba la sanción de 200.001 euros impuesta a los propietarios de la finca Cabañeros.
Se trata del naviero Alejandro Aznar, de las bodegas Marqués de Riscal, y su esposa, expresidenta del Círculo de Empresarios Mónica Oriol e Icaza, por la realización de obras sin la autorización correspondiente en el interior del parque nacional en 2014.
Esta decisión es el cuarto fallo judicial que ratifica la ilegalidad de las actuaciones realizadas en los terrenos, denunciadas por Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF por su potencial impacto en el espacio natural protegido y el octavo en que la familia Aznar-Oriol ve desestimada su peculiar interpretación de la legislación aplicable al parque natural.
Pero vayamos por partes, porque esta decisión del Supremo, que da la razón a los ecologistas, allana el camino para la puesta en marcha de la nueva Ley de Parques Nacionales, aprobada en 2014, que prohíbe taxativamente la caza en los parques nacionales y que está estipulado que entre en vigor en 2020.
Una legislación que afecta sobre todo a tres parques nacionales: Cabañeros, Monfragüe y Picos de Europa. Estos tres espacios protegidos contemplan en su seno propiedades privadas que se dedican activamente, ya sea de manera profesional o como hobby, a la caza.
Para entender los requerimientos de ecologistas y propietarios dedicados a la caza basta echar una ojeada al caso de la familia Aznar Oriol. La finca de la polémica es propiedad de la familia Aznar desde 1940. En 1983 vendieron 17.400 hectáreas al Ministerio de Defensa por 800 millones de las antiguas pesetas, quedándose la familia con 7.000 hectáreas y la casa originaria. Años más tarde, en 1995, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha creó el Parque Nacional de Cabañeros en la era de José Bono. La creación forestal hizo que la finca familiar al completo quedase dentro de las lindes del espacio protegido, con lo que las remodelaciones de la vivienda y la creación de un pabellón de caza con una campa han sido declaradas ilegales.
El Parque en cuestión tiene un 40% de sus tierras de propiedad privada y está formada, entre otras, por una pequeña parte de El Avellanar de Alberto Alcocer o un 50% de Las Cuevas, propiedad de Alberto Cortina. Y aquí vienen los problemas.
Terratenientes versus ecologistas
En estos parques con fincas privadas en sus lindes o incluso en su interior se autorizó a los propietarios a llevar un control de población de caza mayor. En principio ese permiso caducaba en 2018 pero por una enmienda del Partido Popular en el Senado se prorrogó el permiso hasta 2020. "El control de población lo llevamos a cabo los propietarios porque el Parque no tiene capacidad ni medios para hacerlo. Si no existiera ese control de población se haría un daño a la vegetación tan acusado que se comprometería la propia conservación del Parque", declara una voz autorizada por Aznar.
Por su parte, desde Ecologistas en Acción expresan a este medio su inquietud porque la fecha de 2020 no se cumpla y que el Partido Popular busque una nueva prórroga para la prohibición de la caza. "Hemos ganado a los Aznar Oriol, pero la caza es un grupo de presión muy fuerte y tiene aliados políticos. Nos pasó con Arias Cañete y la ministra Tejerina y ahora, con el Partido Popular y Vox. Nosotros hemos transmitido ya nuestra inquietud al ministerio de Transición Ecológica".
Su postura es firme: "Empresas dedicadas a la caza y terratenientes dicen que controlan la población y que preservan así el equilibrio natural. Nosotros pedimos que si eso es necesario, que se decida mediante controles técnicos. Que sean unos técnicos los que decidan los machos y hembras a cazar y de qué especies. El 89% del territorio español no son parques naturales. ¿Tan imposible es mantener esos santuarios de la naturaleza libres de la caza? Tienen el resto del territorio para hacerlo". La polémica está servida.
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