El octogenario Fernando Falcó, marqués de Cubas, vendió el verano pasado a Víctor Madera, propietario de Quirón Salud, la mejor reserva de caza de ciervo de Europa y la mayor finca del Parque Nacional de Cabañeros. La llamada Finca Valero, de 4.850 hectáreas, está situada en el término municipal de Torrejón de Rubio (Cáceres) y parte de ella, unas 1.350 hectáreas, pertenece al Parque Nacional de Monfragüe. Según la última resolución pública por la que se aprobó el programa de acción selectiva de ungulados (animales con pezuñas) en este parque para 2018-2019, la finca tiene 273 ciervos en el parque nacional (de un total de 691 ejemplares). A Víctor Madera se le permite cazar 14 machos en la zona protegida, además de otros 102 (machos y hembras) que pueblan la parte privada de la Finca Valero.
También en Monfragüe, en las 2.100 hectáreas de la Finca Navacalera, propiedad del fundador de Grupo VIPS Plácido Arango, los ciervos en zona protegida se duplican (431) y también aquellos cuya caza está autorizada (29). La situación es similar en el Parque Nacional de Cabañeros, situado en los montes de Toledo, en Castilla-La Mancha, donde 18.107 de las 40.828 hectáreas corresponden a propietarios particulares que tienen derecho a cazar un determinado número de ejemplares en la zona protegida. Entre ellos, Alberto Cortina, con la Finca Valleleor en Hontanar (Toledo); Alberto Alcocer, con El Avellanar entre Horcajo de los Montes y Navas de Estena; y Elena de Mandalúniz, marquesa de Taurisano y una de las mujeres más ricas de España gracias al Grupo Ocaso, propietaria de la finca Las Parrillas.
El argumento del "control de especies"
A las mencionadas se suman la de Chorrera de Muelas, en Hontanar, de la marquesa de las Claras, cuyo esposo Jean Phillipe Denizot y Borbón, organizó el banquete de bodas de los entonces Príncipes de Asturias; o la de los Aznar-Oriol propietarios de la Finca Cabañeros, que toma el nombre del parque al ser el germen de la misma, y cuyos dueños asumieron recientemente una multa de 200.000 euros. Son el naviero Alejandro Aznar, de las bodegas Marqués de Riscal, y su esposa, expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol e Icaza. Se les condenó por la realización en 2014 de unas obras sin la autorización correspondiente. La Justicia dio o la razón a los ecologistas que habían presentado una denuncia y el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 2017.
Para todos estos ilustres propietarios la situación va a dar un giro radical el 5 de diciembre de 2020 con el nuevo ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ninguno de ellos podrá organizar monterías en la parte de sus fincas que sean Parque Nacional. Tampoco ejercerán el control de las poblaciones de animales. Este 'deadline' escrito en rojo en el mundo de la caza es el resultado de una moratoria a la ley vigente que se hizo en 2014 durante el mandato de Mariano Rajoy, que prorrogó en seis años el tiempo para seguir cazando.
¿Una indemnización de 320 millones?
La decisión del anterior Ejecutivo no fue sencilla. Entonces, la Ley vigente establecía el fin de la moratoria para 2017 pero el Gobierno del Partido Popular decidió ampliarla porque calculó que debería indemnizarse a los propietarios con 320 millones de euros. Este hecho fue fuertemente contestado por el PSOE, ahora en el Gobierno, y los grupos ecologistas que pidieron, sin éxito, su retirada. En estos cuatro años de tregua se autorizó a los propietarios de fincas ubicadas en los Parques Nacionales, o en sus lindes, a llevar un control de población de caza mayor.
"El control de población lo llevamos a cabo los propietarios porque el Parque no tiene capacidad ni medios para hacerlo. Si no existiera ese control de población se haría un daño a la vegetación tan acusado que se comprometería la propia conservación del Parque", declara una voz autorizada por Alejandro Aznar. Lo cierto es que el tema sigue candente. Desde la Federación Española de Caza aseguran a La Información que va a ser "muy costoso" para el Estado asumir el control poblacional cada temporada, además de indemnizar a los propietarios.
"El cazador genera riqueza en la España vaciada que está tan de moda", inciden estas fuentes. Y aportan los datos del Informe de la situación socioeconómica de Monfragüe y Cabañeros, realizado por la Fundación Artemisan en colaboración con la Universidad de Extremadura, la de Castilla-La Mancha y la propia Federación Extremeña de Caza. Aquí se ve cómo la dependencia de un racimo de municipios -que solo en cuatro casos superan los 1.000 habitantes- es entre relevante y muy relevante. Desde la Federación se espera que se revalúe la ejecución de la legislación y los costes de implementarla.
Por parte de Ecologistas en Acción, que estuvieron detrás del proceso contra los Aznar-Oriol en Cabañeros, no hay tibieza. "No vamos a admitir que se mantenga la actividad cinegética de ninguna manera. Tampoco mediante subterfugios como el que sería el control de poblaciones", señala Miguel Ángel Hernández a este diario. Cabe recordar aquí que la legislación aprobada en 2014 establece el derecho del Gobierno a adquirir la compra de determinadas fincas situadas exclusivamente en el interior del parque, un derecho que no se ha ejercido.
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