CCOO devuelve 20.383 euros tras la querella del fiscal por malversación

Sevilla, 21 dic.- El sindicato CCOO ha depositado en el juzgado 20.383 euros, cantidad en la que cifra el error producido al justificar varias subvenciones de la Junta y que han motivado la citación como imputado, el próximo 24 de enero, de su secretario de Finanzas andaluz, Miguel Ángel Soto Cubero, por malversación.

Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que CCOO ha depositado esa cantidad en la cuenta de consignaciones del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, que investiga el caso, pues considera que es el único importe donde se produjeron errores al justificar las subvenciones.

No obstante, el juez ha encargado un informe pericial sobre el presunto menoscabo de fondos públicos en dos subvenciones que totalizan un millón de euros, una de 600.000 euros para "el desarrollo de un plan de actividades divulgativas sobre prevención de riesgos laborales" y otra de 400.000 para un programa de mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla ha denunciado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial a Miguel Ángel Soto Cubero, secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, y Esther Azorit Jiménez, exdirectora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta.

CCOO atribuye los hechos a "un error de contabilización entre departamentos", concretamente Salud Laboral y Programas y Contabilidad, por lo que depositó 20.383 euros en el juzgado en cuanto conoció la imputación de su dirigente, según las citadas fuentes.

La Fiscalía de Sevilla denunció a Azorit y Soto porque, presuntamente, CCOO justificó dentro de la subvención de 600.000 euros para sensibilización de riesgos laborales el traslado en autobuses desde distintas localidades a Sevilla para una manifestación del 22 de abril de 2009, la actuación de la charanga "Los Piratas", otros 998 euros por confección de una pancarta y 194 almuerzos por un importe total de 2.594 euros.

La imputación de la ex alto cargo de la Junta se produjo porque, según la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía, en caso de incumplimiento de la obligación de justificación, debería haber exigido "el reintegro de la subvención percibida y la exigencia del interés de demora".

Dentro de la subvención de 400.000 euros concedida en agosto de 2009 para la mejora de las condiciones de trabajo, la Fiscalía denunció que la Junta no debería haber aceptado como "coordinación de actividades" una veintena de viajes de una sindicalista liberada entre Sevilla y Málaga con ida los viernes y regreso los lunes.

CCOO aclaró que los viajes fueron hechos por la técnica encargada de coordinar el programa para el que fue concedido el dinero y que se realizaron "siempre por cuestiones estrictamente laborales relacionadas con sus funciones en la materia".