CCOO pide que la activista Carmen Bajo no entre en prisión

Madrid, 23 jul.- CCOO ha solicitado hoy a la autoridades judiciales que impidan que entre en prisión la activista granadina Carmen Bajo, condenada a tres años y un día por participar en la huelga general de marzo de 2012 contra la Reforma Laboral.

En un comunicado, el sindicato ha manifestado que esta petición "debería ser efectiva de inmediato y hasta que se tramite definitivamente su indulto".

CCOO ha recordado que ayer abandonó la cárcel Carlos Cano, el otro activista que fue condenado junto a Carmen Bajo por su participación en la huelga y que había ingresado voluntariamente en prisión el pasado 14 de julio.

El sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo ha considerado inaceptable que alguien pueda ir a la cárcel por ejercer un derecho fundamental como el derecho a la huelga.

Por ello ha solicitado, junto a UGT, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que se eviten las actuaciones desproporcionadas del Ministerio Fiscal y se tramite de inmediato el indulto para aquellas personas ya condenadas.

Por otro lado, la asociación judicial Jueces para la Democracia ha reclamado hoy la supresión del artículo 315-3 del Código Penal, "pues el derecho a no hacer huelga ya está suficientemente protegido a través del delito o falta de coacciones, sin que resulte necesario este tipo penal específico".

En un comunicado, difundido por CCOO, la asociación de jueces ha considerado que la sanción prevista en el artículo 315-3 del Código Penal resulta "desproporcionada" en relación a las condenas a prisión de los sindicalistas que participaban en piquetes de huelga.

Asimismo, ha pedido que se suprima dicho artículo del Código Penal, porque tiene su origen en el ordenamiento penal franquista y su redacción se mantiene casi intacta respecto a la del régimen anterior, cuando tenía como finalidad reprimir las huelgas.

"No tiene sentido mantener una figura delictiva que ahora se desarrolla en el contexto de un derecho fundamental, como la huelga".

Desde Jueces para la Democracia han solicitado el indulto para las personas condenadas, porque precisamente la medida de gracia tiene como finalidad principal aplicar razones de equidad que eviten que un rigor en la aplicación de la norma pueda llevar a resultados desproporcionados.

En este sentido, ha considerado que debe valorarse necesariamente que los condenados son personas sin antecedentes penales y con evidente falta de peligrosidad.