Madrid, 8 ago.- Los sindicatos CCOO y UGT pedirán al Tribunal Supremo que interponga cuestión de inconstitucionalidad contra el real decreto que modifica los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
En un comunicado conjunto, ambos sindicatos informan de que también acudirán a la Oficina del Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El pasado 2 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley "para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social".
CCOO y UGT acusan al Ejecutivo de "ceder" ante las presiones de grupos de empresas multinacionales e introducir una modificación en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, con un "claro perjuicio" para los trabajadores de las empresas domiciliadas en España pertenecientes a multinacionales.
En este sentido, señala que suprime la obligación de entregar a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral la documentación que afecta a todas las empresas, sea cual sea el domicilio de la matriz del grupo.
Así, cuando la empresa "dominante" no tenga su domicilio en España no tendrá esa obligación, denuncian, algo que presenta "serias dudas de constitucionalidad" al establecer un diferente trato ante la ley, algo que la Constitución prohíbe en su artículo 14.
El real decreto, además, modifica las previsiones legales sobre el nombramiento de las comisiones negociadoras en representación de los trabajadores y sustituye el criterio de la representatividad sindical por el del número de asalariados en los centros afectados.
Ello puede llevar, según CCOO y UGT, a que los representantes no afiliados a sindicatos desplacen a los que sí lo están en la negociación de las medidas de flexibilidad internas o externas, lo que podría violar el derecho de libertad sindical.
Los sindicatos critican que el Gobierno acuda "nuevamente" al real decreto ley para legislar en materia laboral porque supone un "claro menosprecio" a la separación de poderes alegando razones de "urgencia y necesidad" que consideran podría afectar a su constitucionalidad.
También que, de esta forma, el Ejecutivo haya omitido la consulta previa en aspectos relevantes del decreto que afectan a cuestiones laborales.
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