Los CDR vierten heces y residuos frente a una veintena de juzgados catalanes

El inminente juicio por el 'procés' continúa acumulando críticas desde Cataluña. Mientras la Generalitat ha acusado a las instituciones judiciales de no ser imparciales durante la instrucción de este juicio, los Comités de Defensa de la República (CDR) han ido más allá y han arrojado heces y otros residuos a las puertas de una veintena de juzgados, entre ellos la Ciudad de la Justicia de Barcelona o los de Girona. 

La protesta ante los juzgados, que los CDR han reivindicado en su cuenta de Twitter, lleva como lema "mierda de justicia" y "juicio farsa", en una crítica al juicio del "procés" que se iniciará el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo.

Los CDR han realizado estos ataques en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en los juzgados de Vic, Mataró, Esplugues de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Martorell, Berga, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners (Girona), Solsona (Lleida), Tortosa (Tarragona) y en el Palacio de Justicia de Vinaròs (Castellón). Además, en algunos de los edificios judiciales se han hecho pintadas contra la Justicia, se ha lanzado pintura amarilla y se han pintado lazos amarillos en las paredes.

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Tras estos actos, los CDR han recalcado en su cuenta de Twitter: "No podemos normalizar la situación. Pronto empezará el #juicioFARSA y la sentencia ya está escrita. Quieren encarcelar a todo un pueblo. Ante este atentado contra el estado de derecho, nos mantenemos firmes y movilizadas".

Además, en Esplugues de Llobregat (Barcelona) se ha recordado también a Adrià Carrasco, miembro de los CDR que el 10 de abril de 2018 se marchó a Bruselas al saber que la Guardia Civil lo buscaba para detenerlo por haber participado en unos cortes de carretera y en una apertura de peajes en distintas movilizaciones del "procés".

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado "de manera rotunda y enérgica la cadena de sabotajes a las sedes judiciales" que se ha producido en una veintena de juzgados catalanes y que ha obligado a cerrar algunas instalaciones.

En un comunicado, el alto tribunal catalán afirma que las acciones cometidas han causado "una importante incidencia en la apertura de los edificios judiciales, al punto de obligar el cierre de algunas instalaciones", y rechaza cualquier acción que busque alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. Según el TSJC, estas acciones han tenido "influencia directa en el servicio al ciudadano, por no poder ser atendidos con la dignidad que merecen", y han lamentado los perjuicios a jueces, fiscales, letrados y letradas y conjunto de profesionales.