Sevilla, 27 ene.- La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha valorado el acuerdo de negociación colectiva alcanzado entre la CEOE y CCOO y la UGT, si bien ha sostenido que las materias incluidas en el mismo "no deben hipotecar" la capacidad normativa del Gobierno para elaborar una nueva reforma laboral.
En un comunicado, la junta directiva de la CEA reafirma su convencimiento de que es "absolutamente necesaria una reforma del sistema laboral español que introduzca factores de flexibilidad y adaptabilidad en las empresas para afrontar las circunstancias cambiantes de los mercados".
La patronal entiende que, si no es posible que dicha reforma se lleven a cabo con el consenso social, el Gobierno "debe acometer de manera decidida las iniciativas legislativas que demandan la situación económica actual y requieren nuestro mercado de trabajo".
Asimismo, los empresarios han valorado el acuerdo de negociación colectiva, si bien han sostenido que el resto de materias contenidas y referidas a flexibilidad interna, estructura de negociación, descuelgue de convenios, empleo, contratación, "no deben hipotecar la capacidad normativa del gobierno para trasladar al marco legal las recomendaciones que se sustancian en dicho acuerdo, además de profundizar en otras materias".
Para la CEA, supone un gran avance el acuerdo alcanzado en material salarial para 2012, ya que se ha conseguido revisar y modificar los objetivos que se establecieron en el pacto suscrito en 2010.
Ese acuerdo orientaba el incremento salarial en la negociación colectiva durante 2012 en una banda salarial entre el 1,5 % y el 2,5%, un objetivo "imposible" de asumir a causa del deterioro de la situación económica y del mercado de trabajo, ha alegado la CEA.
Asimismo, ha destacado que se hayan adoptado criterios salariales distintos de los habituales en los acuerdos de negociación colectiva suscritos en las últimas décadas en cuanto a la fijación de las cláusulas de revisión.
No obstante, los órganos directivos de la CEA han coincidido en que los criterios establecidos sobre posibles incrementos salariales, fijados para 2012 en el 0,5 %, y para 2013 en el 0,6 %, constituyen topes máximos que "no necesariamente deben alcanzarse".
De hecho, han aventurado que las negativas previsiones para este año obligarán a muchas empresas a adoptar decisiones de congelación salarial o, incluso, de reducción de salarios para mantener la competitividad o evitar una mayor destrucción de empleo.
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