Las Comunidades Autónomas podrían decidir las horas que trabajan sus maestros, según acaba de anunciar la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. La medida afecta tanto a los centros públicos como concertados. Lo ha señalado durante su comparecencia en el Congreso, donde ha detallado el contenido del borrador del Anteproyecto de ley para la Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que busca "reestablecer" la situación anterior al decreto de 2012 que provocó los recortes.
En la actualidad, según aprobó el anterior Gobierno del PP, los docentes tienen un mínimo de 25 horas lectivas para Infantil y Primaria y 20 en el resto, ha recordado Celaá, que ha considerado que es momento de "dar margen" a las comunidades en este tema. No obstante, ha dicho que los límites de la jornada laboral para los docentes seguirá siendo igual que el resto de los funcionarios, ya que se habla solo de la "carga lectiva".
El Anteproyecto también establece que las comunidades proveerán los recursos necesarios para garantizar el número máximo de alumnos por aula en Primaria y ESO. Las medidas de este documento podrán aplicarse una vez aprobada esta ley, aunque se afirma que se podrán anticipar a este curso 2018-19 "si así lo decidieran las Administraciones".
La escuela concertada no debe preocuparse
La ministra de Educación y Formación Profesional también quiso referirse durante su comparecencia al Partido Popular de generar preocupación "sin ningún tipo de fundamento" a las familias que tienen escolarizados a sus hijos en centros concertados, y ha defendido la modificación del artículo 109.2 de la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que considera un "objetivo estratégico del Gobierno", para "garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas".
Según la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, la modificación del artículo 109.2 de la LOMCE, que fue aprobada en 2013 con la mayoría del Partido Popular, tiene como objetivo "cumplir el mandato constitucional" de garantizar el derecho a la educación y volver a un "consenso" que el PP rompió, según Celaá, con la aprobación de la también conocida como 'Ley Wert'.
Para la ministra de Educación, la anterior ley educativa, la LOE, "establecía la obligación de que los poderes públicos garantizasen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en zonas de nueva población", aunque "incomprensiblemente" la LOMCE "eliminó" esta disposición al establecer criterios de "demanda social" para permitir que en los nuevos barrios de las grandes ciudades pudiera llegar antes la escuela concertada que la pública.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios