Apenas tres minutos han bastado al socio externo de Deloitte Francisco Celma para arremeter contra todos los acusados por la salida a bolsa de Bankia que han declarado hasta la fecha en el procedimiento que sigue la Audiencia Nacional. Ataviado con una carpeta repleta de documentación, Celma se ha sentado en el banquillo de los acusados desde donde ha espetado lo que lleva defendiendo durante toda la instrucción de la causa y es que no se pudo dar el visto bueno a las cuentas anuales de 2011 -que acabaron reformulándose bajo la presidencia de Ignacio Goirigolzarri- porque carecía de la información necesaria para ello.
Dicha documental, ha dicho Celma a preguntas de las acusaciones, la solicitó en diversos correos que su letrado incorporó a la causa poco antes del arranque del juicio y en los que se ponía de manifiesto que la falta de concreción sobre la documentación que requería estaba provocando una situación de retraso "difícil de justificar" y que le impedía avanzar en su trabajo, de acuerdo con el contenido de los mismos a los que tuvo acceso este diario. Al respecto Celma, contra quienes han cargado el resto de consejeros que han declarado previamente asegurando que no advirtió de salvedades en dichas cuentas, ha apuntado que no solo carecía de información relativa a las tasaciones sino también sobre inmobiliario.
El experto ha explicado en el arranque de su interrogatorio que de las siete cajas que integraron el SIP en 2010 sólo había trabajado con Caja Madrid, a la que auditó las cuentas desde al año 2009, descartando por tanto cualquier relación laboral con el resto de ellas, incluida Bancaja. De hecho, también ha recordado que tras este proceso de fusión fría dio el visto bueno a las cuentas trimestrales de marzo y junio de 2011 de BFA y Bankia aunque no a las anuales de ese ejercicio. Igualmente ha contradicho la versión prestada por muchos acusados hasta el momento acerca de que tenía el borrador casi terminado matizando que ni tan siquiera existió. "Yo no entregué ningún borrador porque no me habían dado la documentación para hacer el trabajo de campo", ha insistido.
Celma, que también ha negado cualquier implicación en la elaboración del folleto de salida a bolsa de la entidad, ha insistido en que la figura del auditor es independiente y que éste, en contra de lo expuesto por algunos acusados, no trabaja para el consejo de administración de las entidades en cuestión sino para la Junta General de Accionistas. De esta forma ha cuestionado también otro extremo defendido en el juicio por el resto de miembros del consejo así como por el comité de auditoría que expusieron que confiaban plenamente en Deloitte y que en las reuniones previas a la entrega de las cuentas a la CNMV a finales de abril de 2012, Celma no advirtió de salvedades como tal.
"Las cuentas son de la entidad"
Pese a que desde los comités de auditoría de Bankia y la matriz restaron trascendencia a este punto concreto, el investigado ha matizado que "el trabajo de auditoría en el grupo durante esa fecha se podía calificar de todo menos de normal" poniendo de esta manera el foco en la gestión que hizo el banco presidido entonces por el exvicepresidente económico del gobierno Rodrigo Rato. "Las cuentas son de la entidad, no del auditor. El auditor formula una opinión", ha deslizado Celma que se enfrenta a cinco años de prisión por delito de falsedad en las cuentas. Cabe destacar que durante el largo proceso de instrucción dirigida por el magistrado Fernando Andreu, Celma pasó de testigo a investigado al tratarse de cuentas que, según denuncia Anticorrupción, se maquillaron para lograr captar a accionistas, en su mayoría minoristas.
Sin embargo, durante este tiempo de instrucción el experto se ha desligado de dichos estados contables anuales y hasta se ha amparado en su tardía imputación en el procedimiento para exponer que el delito que le atribuyen las acusaciones estaría prescrito. En lo que respecta al tipo penal de fraude de inversores por el que el Ministerio Público acusa a Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Norniella y Francisco Verdú, éste responde que él no participó en el proceso de salida a bolsa y, por tanto, no se le puede atribuir "una suerte de plan delictivo único" con el fin de estafar a los inversores que participaron en la fallida operación.
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