El auditor Francisco Celma goza de una situación particular en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Consciente de ello, se ha dirigido al tribunal en un escrito en el que expone que no se le puede acusar por el delito de fraude de inversores puesto que su actuación se circunscribe a los momentos previos al nacimiento de Bankia, esto es, al visto bueno que dio a las cuentas de 2010 de Banco Financiero de Ahorros (BFA).
Este es uno de los varios razonamientos que recoge el exsocio de Deloitte en su escrito dirigido a la Audiencia Nacional y con el que busca sortear el procedimiento en tiempo ya de descuento. Según razona, no se le puede atribuir que planificara "una suerte de plan delictivo único" con el fin último de estafar a los pequeños inversores que acudieron a la OPS de Bankia puesto que cuando él auditó las cuentas de la matriz en el primer trimestre de 2011 "ni tan siquiera existía" la entidad que ahora preside Ignacio Goirigolzarri.
En lo que respecta al delito de falsedad contable que le atribuyen algunas acusaciones de la macrocausa, Celma se apoya de nuevo en su situación excepcional para alegar que este tipo penal, en su caso, estaría prescrito. Y ampara su razonamiento en que, a diferencia de la gran mayoría de los 34 acusados, a él se le imputó en la causa en 2016, esto es, cuatro años después de que el juez Fernando Andreu arrancara la investigación penal ante las querellas interpuestas por UPyD y 15MpaRato.
Precisamente, esa particularidad -que califica de "cierta y objetiva"- es la que le libraría de sentarse en el banquillo puesto que a él no se le acusó hasta más de cinco años después de que se cometiera la presunta falsedad con las cuentas de 31 de diciembre de 2010. De hecho, tanto es así que durante la larga fase de instrucción declaró primero como testigo aunque finalmente el juez no le libró de la quema tras las conclusiones adoptadas por el peritaje del Banco de España, según el cual se habría producido fraude en las cuentas previas al debut bursátil de la entidad en julio de 2011.
Ataque al tribunal por las cuestiones previas
El auditor también ha arremetido contra las resoluciones acordadas por el tribunal a todas las cuestiones previas, sumándose así a las quejas planteadas por otros acusados. De hecho, Celma apunta en la misma línea en la que se pronunció Ángel Acebes sobre este asunto, ya que denuncia que la Sala no resolviera su petición concreta en lo que respecta a la prescripción del delito de falsedad contable. De hecho, asegura que no se puede dar por contestado con la respuesta que los jueces dirigen a consejeros como Mercedes Rojo o Antonio Tirado puesto que ellos formaban parte del Consejo de Administración que respaldó los ejercicios de esos años mientras que su caso es diferente.
De hecho, es especialmente duro en este punto puesto que, a su entender, la ausencia de respuesta a esta cuestión le genera una "flagrante vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva"; especialmente en lo que respecta a su pretensión acerca de que el cambio normativo introducido con el Real Decreto 2/2011 fue lo que "finalmente abocó a la entidad" a salir al mercado ante los elevados requisitos de liquidez.
Con todo, este no es el único escrito que ha aportado a la causa en los últimos meses. Justo antes de que arrancase el procedimiento el pasado mes de noviembre, Celma entregó al tribunal los correos electrónicos que remitió a la entonces cúpula del banco presidido por Rodrigo Rato en los que instaba a que se le enviara toda la documentación necesaria para dar el visto bueno a los estados financieros de 31 de marzo de 2012, los cuales nunca llegaron a ser auditados.
Pese a ello, la fiscal al frente del caso, Carmen Laúna, adelantó en esta primera parte de vista oral que no descartaba ampliar su acusación por fraude de inversores al delito de falsedad contable amparándose en dichos estados financieros. Laúna, que está de baja tras someterse a una operación de urgencia la pasada semana, alegó entonces que aunque esas cuentas no tuvieran el visto bueno del auditor o no se presentaran a los organismos reguladores, contaron con el visto bueno del Consejo de Administración y además eran de sobra conocidas dentro de la entidad. Precisamente su repentino paso por el quirófano ha obligado a hacer un 'parón' en la vista oral del que el tribunal busca soluciones para reanudarlo cuanto antes.
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