La Generalitat de Cataluña impulsó entre los años 2011 y 2017 un entramado de organismos, delegaciones, agencias y consorcios con el principal objetivo de 'vender' en el exterior el proceso soberanista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado. Los interlocutores del Gobierno autonómico, en manos esos años de Artur Mas y Carles Puigdemont, manejaban un argumentario muy básico, de apenas 50 páginas -en catalán e inglés-, que repetían sin salirse del guión a políticos, periodistas y responsables de medios y empresas y que tenía como objeto fundamental no asustar a los futuros inversores.
Viajes con comitivas que superaban varias decenas de personas -con dietas y alojamiento incluido-, subvenciones sin control y a partidos políticos y organizaciones afines, contratos a dedo, facturas perdidas o no acreditadas, 45 viajes del presidente y sus consejeros al exterior para promocionar el procés o medio millar de actividades centradas en el proceso de autodeterminación o soberanistas formaron parte del plan de los responsables del Ejecutivo autonómico para convencer de las bondades de una Cataluña independiente.
El Tribunal de Cuentas ha destapado el 'modus operandi' y el dinero despilfarrado por los responsables autonómicos para exportar el ideario soberanista y lanzar un mensaje, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, que ha llevado a la cárcel o ha forzado al exilio a la mayoría de los dirigentes que pilotaron el plan. En un extenso informe -758 páginas- detalla buena parte de los viajes en los que se forzaban encuentros con responsables europeos, cenas de grupos reducidos con facturas con importes excesivos y en las que no faltaba el vino, que se pagaba aparte, y un viaje de 13 personas a Estados Unidos que costó más de 108.000 euros.
Así, el informe destaca un viaje en mayo de 2014 de Artur Mas, presidente de la Generalitat en ese momento, y una comitiva de 21 personas a la inauguración de un museo en la ciudad francesa de Rodez con el único objeto de poder sentarse en la misma mesa que el presidente de la República francesa en el almuerzo que se realizaba a continuación del acto de inauguración. También hace hincapié en una cena celebrada en una localidad suiza, a la que acudieron diez personas, que costó 191 euros por comensal y en la que se compartieron 8 botellas de vino, por las que se pagaron 633 euros.
Además, señala una visita de periodistas franceses a Cataluña que costó en 15.000 euros. El acto fue organizado y pagado por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) y el objetivo fundamental era "influir en la opinión internacional publicada". También desglosa numerosos encuentros, cenas y almuerzos en los que se acreditan pagos pero no se detallan los comensales; actos en los que el presupuestos finalmente se desborda; e informes para legitimar el referéndum por los que se pagaron más de 13.500 euros.
Un aluvión de millones para promoción exterior
Los datos aportados por el Tribunal de Cuentas muestran que entre 2011 y 2017 la Generalitat se gastó en acción exterior casi 417 millones, pese a que no ha podido constatar la totalidad de las partidas presupuestarias dedicadas a este fin. El informe pone en evidencia que uno de cada cuatro viajes realizados por los presidentes de la Generalitat durante ese periodo fueron para impulsar el proceso independentista y que supusieron un coste de 363.500 euros, el 41 % del gasto total realizado en desplazamientos al exterior de los responsables de la Generalitat.
Los gastos del Diplocat
El informe destaca que el Diplocat, el consorcio impulsado por la Generalitat dedicado a la proyección internacional de Cataluña, centró hasta su disolución por el Gobierno de Mariano Rajoy tres de cada cuatro de sus actividades a promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista. Así, dedicó a reuniones institucionales, organización de actos en centros universitarios y think tanks de Europa y de EEUU, mesas redondas y conferencias, a visita internacional, a publicaciones en prensa internacional o la elaboración de documentos y el desarrollo de la web Catalonia Votes más de dos millones de euros.
Además, en materia de contratación, Diplocat formalizó con una organización norteamericana sin ánimo de lucro tres contratos de servicios entre los ejercicios 2013 y 2015, que tuvieron por objeto ayudar al Gobierno de Cataluña a avanzar en sus "objetivos diplomáticos", en el marco del proceso para el ejercicio del derecho a decidir, por los que se abonaron un total de 1,4 millones de euros. En el informe se analizan las irregularidades de los procedimientos de contratación de la citada empresa, seleccionada debido a "su pericia en relaciones internacionales y cuestiones de secesión" y a la experiencia atesorada "en representación de gobiernos no soberanos y en cuestiones de autodeterminación".
El Tribunal destaca que para realizar la fiscalización no ha podido acceder a numerosa documentación, que en la mayoría no ha sido remitida, y que si bien algunas actividades de las delegaciones catalanas en el exterior tenían el objetivo señalado de promocionar el procés, "son muchas más las que tenían esa finalidad pero no han podido ser reflejadas ni asignarles coste por diferentes defectos". De las 15 delegaciones en el exterior que llegaron a existir, algunas creadas en 2008, la de Argentina se cerró en 2011 y otras 13 en 2017, quedando solamente activa la de la Unión Europea. La autonomía financiera y la falta de control de estos entes ha propiciado que una buena parte de su gestión no haya podido salir a la luz pese al minucioso trabajo de fiscalización.
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