CEOE ha dicho basta. Saturados por lo que algunos dirigentes de la patronal califican como "extraños manejos" de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el accidentado proceso de negociación de la prórroga de los ERTE la organización empresarial ha decidido poner pie en pared y denunciar lo que observan como una maniobra orquestada para aislar a los empresarios dentro del diálogo social y señalarlos en el momento en que se tuerza alguna de las negociaciones abiertas. Según varias fuentes presentes en la reunión de la Junta Directiva de CEOE, Antonio Garamendi compartió este miércoles su preocupación con los asociados de la patronal por el tono que está tomando el diálogo social en las últimas semanas y realizó un llamamiento a la unidad de todos los empresarios para negociar con una sola voz en las mesas de diálogo social y en concreto en la que negocia la prórroga de los ERTE, que se debe resolver esta misma semana.
En CEOE hay indignación con el Gobierno por los presuntos contactos bilaterales que miembros del Ejecutivo habrían mantenido con los representantes de diversos sectores al margen del diálogo social para tratar el asunto de los ERTE. Según fuentes de la Junta Directiva de la patronal, en éstos el Gobierno se habría comprometido con representantes de algunos de los sectores más afectados por la crisis a mantener la figura de los ERTE por causa de fuerza mayor en sus respectivos ámbitos. El problema es que dentro de CEOE hay organizaciones representativas de sectores que están atravesando una situación muy delicada, pero que no están tan identificados como el turismo o la hostelería, que también reivindican su derecho a permanecer dentro del perímetro de los ERTE por causa de fuerza mayor y los negociadores de CEOE pelan también por sus intereses en la mesa.
"Se están comportando de una manera desleal", dice un representante de uno de estos sectores. "Intentan dividirnos dentro para debilitar nuestra posición negociadora". La llamada a la unión formulada este miércoles por Antonio Garamendi se interpreta a nivel interno desde esta clave. Estas mismas fuentes revelan también que los negociadores de CEOE se han encontrado con que el Gobierno ha planteado en la mesa de negociación criterios de entrada para los ERTE de rebrote que los limitaban 'de facto' a sectores muy determinados después de estar días negociando sobre otra cosa. "Y no es la única vez que ha ocurrido. Se debate sobre cosas, se aproximan las posiciones y después el Gobierno plantea en su papel una cosa totalmente diferente", relata otro miembro de la Junta Directiva de la organización.
Garamendi aseguró a todos los asociados que CEOE no va a respaldar ningún texto de prórroga de los ERTE que no sea debatido y aprobado por la mayoría de la Junta Directiva, es decir, por el grueso de las organizaciones sectoriales y territoriales para desalentar cualquier intento de garantizar determinadas ventajas a algún sector determinado.
Otro de los aspectos que ha alimentado la indignación en CEOE es la guerra de cifras en torno al coste de los ERTE para el erario público. El presidente de CEOE lo puso el pasado martes en el escaparate al solicitar públicamente al Gobierno las cifras desagregadas sobre el coste de los ERTE, para conocer qué parte está vinculada a las prestaciones que se abonan a los trabajadores y qué parte a las exoneraciones de la cuota social que se prevén para las empresas. En la patronal sospechan que desde el Ejecutivo se están inflando las cifras de coste presupuestario de los ERTE para justificar un hachazo a las exoneraciones de cuota previstas para los trabajadores protegidos por este instrumento, lo que constituye el principal ahorro directo para las empresas de este esquema de protección y que el ministro Escrivá tiene en su punto de mira desde hace semanas porque se comen parte de sus ingresos potenciales por cotizaciones.
"Siguen descontando un coste mensual de 4.000 o 5.000 millones de euros, igual que al principio, cuando más del 80% de los trabajadores en ERTE ya se han reincorporado. Hemos echado cuentas y nos sale que el coste mensual apenas supera los 1.000 millones", aseguran fuentes de la Junta Directiva. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, denunció de forma explícita esta situación en su intervención pública de este miércoles tras la Junta.
Sin acuerdo en teletrabajo e igualdad
Que el clima del diálogo social a la vuelta del verano se ha deteriorado es algo que confirman a ambos lados de la mesa de negociación. El episodio de la reunión de Palma de Mallorca "en las que se podría haber cerrado perfectamente un acuerdo", según admiten fuentes tanto de CEOE como de los sindicatos, pero a la que el Gobierno se presentó sin propuesta articulada alguna - que no presentó hasta el pasado 14 de septiembre - no ha ayudado. Y la enésima resurrección del fantasma de la contrarreforma laboral, agitado al calor de la negociación presupuestaria, tampoco.
Los empresarios sostienen que la reaparición 'guadianesca' de la amenaza de derogación de la reforma laboral en el debate público es incompatible con un mínimo de seguridad jurídica y genera especial incertidumbre en un momento como el actual. Y afean también que se esté intentando aprovechar iniciativas como los reglamentos de desarrollo de la ley de igualdad salarial o la regulación del teletrabajo para introducir modificaciones de fondo en el marco de las relaciones laborales. CEOE ya ha decidido que no va a apoyar ninguna de esas iniciativas y advierte también problemas en el horizonte con la regulación de la figura de los 'riders', proceso en el que sospechan que tampoco se va a contar mucho con el criterio de la organización empresarial.
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