La principal organización empresarial del país empieza a ordenar sus prioridades de cara al inminente periodo legislativo que se antoja agitado para los intereses de las empresas tras el ascenso al poder del nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas. Y una de las primeras tareas será solicitar una reunión bilateral a la máxima urgencia con la nueva titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, al objeto de testar la vigencia en esta nueva etapa de los avances conseguidos con el equipo de Magdalena Valerio en las reuniones discretas que se han continuado manteniendo durante los últimos meses en materias tan críticas para los intereses de los empresarios como la regulación de la subcontratación, la subida del Salario Mínimo o las materias a tratar en el llamado Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, según informan fuentes de la patronal conocedoras de estos contactos.
En la organización empresarial inquieta que la nueva titular del Ministerio de Trabajo tenga un enfoque más "radical" respecto a estas materias y que las bases para futuros acuerdos o 'desacuerdos pactados' que se habían sentado en los últimos meses salten por los aires. "Son asuntos de gran importancia para las empresas y el enfoque del Gobierno sobre estos asuntos es una de las incógnitas que tenemos que despejar para saber a qué atenernos", señalan fuentes de CEOE.
El más perentorio de ellos es el asunto del Salario Mínimo. Fuentes empresariales recuerdan que la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, -con posibilidades más que remotas de seguir en el cargo-, se comprometió en noviembre ante los empresarios en la misma CEOE a modular la subida del Salario Mínimo para ofrecer un horizonte de incertidumbre pero también para facilitar la adaptación de las empresas al compromiso, eso sí, firme del Ejecutivo de cumplir esa referencia del 60% del salario medio establecida en la Carta Social Europea. También recuerdan que en esa misma reunión aclaró que el punto de llegada en el año 2023 no serían los 1.200 euros, sino una cifra algo más baja.
En CEOE no sólo preocupa la cuantía de la subida del Salario Mínimo también su perímetro de actuación. El 'lobby' de las organizaciones empresariales más vinculadas a la contratación pública lleva meses empujando para que tanto la directora del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos, como el propio presidente, Antonio Garamendi, defiendan tanto en el diálogo social como ante el Ministerio de Trabajo la necesidad de compensar el impacto de la subida del SMI sobre los contratos públicos, ya que hasta la fecha las empresas han tenido que asumir íntegramente ese impacto contra su margen de beneficios o, en el peor de los casos, contra su balance o acudir a los Tribunales para reclamarla.
La insistencia de CEOE había logrado abrir una grieta en la resistencia del Gobierno a aceptar compensación alguna hasta el punto de que incluso el Ministerio se había comprometido a "buscar una solución" al problema en cuanto hubiera nuevo Ejecutivo. La salida del equipo de Magdalena Valerio y la llegada de la nueva titular, Yolanda Díaz, abre un nuevo flanco de incertidumbre sobre la voluntad del Ejecutivo de abordar el asunto.
Miedo a una regulación radical de la subcontratación
Otro de los grandes temores de los empresarios es que se entierre el acercamiento que se había conseguido con el Gobierno respecto a la regulación de la subcontratación, uno de los grandes campos de batalla del diálogo social y de la relación entre Trabajo y CEOE desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes empresariales aseguran que sin llegar a una redacción que los empresarios pudieran apoyar sí se había avanzado hacia un modelo "aceptable", lejos de la opción que se manejó en su día de obligar a las subcontratas a aplicar las condiciones de convenio de la empresa principal, lo que implicaría 'de facto' el fin de la subcontratación, como han advertido en más de una ocasión desde CEOE. Hay que recordar que en muchos sectores empresariales no se rechaza en absoluto una nueva regulación de la subcontratación, ya que bajo esa fórmula se ha amparado algunas prácticas de competencia desleal que han hecho mucho daño a algunas empresas de servicios.
El texto del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos dice textualmente: "Modificaremos el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa". Una redacción genérica en el que cabe casi todo: desde una regulación laxa hasta una extraordinariamente estricta. "El asunto está en cómo se redacte el nuevo artículo. Había un cierto nivel de acuerdo en torno a una redacción aceptable para todos, pero no sabemos si esto seguirá vigente o no", aseguran las fuentes consultadas.
Los empresarios también quieren saber qué va a ocurrir con el compromiso gubernamental de desactivar la ley de desindexación o con las negociaciones ya avanzadas con el Ministerio para cerrar la composición de la Comisión de Expertos que deberá perfilar los contenidos del futuro Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios