En su afán por presentar el acuerdo con patronal y sindicatos para la subida del Salario Mínimo como el punto de inicio de una nueva etapa de concertación social en España el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se vio obligado a hacer alguna que otra pirueta discursiva, como la que ejecutó al recordar, forzando todos los márgenes conocidos del socorrido mundo de las efemérides, que este martes, 26 de diciembre, se cumplían 20 años, 2 meses y 1 día de la firma de los Pactos de la Moncloa, el emblemático acuerdo político-social que sentó las bases de la estabilización económica en la España de la transición.
El paralelismo no resultaba redondo en las fechas y seguramente tampoco en el fondo, pero sí reflejaba la intención perseguida por el Ejecutivo al reunir en el magno Salón de Tapices del Palacio de la Moncloa, escenario de las comparecencias de mayor rango institucional del presidente del Gobierno, a los principales representantes de empresarios y sindicatos para rubricar el acuerdo para la subida del Salario Mínimo. La economía española ya se ha estabilizado y ha alcanzado su velocidad de crucero, vino a decir en su discurso el presidente del Gobierno. Ahora toca que esa prosperidad económica llegue "a todos aquellos que la necesitan y la merecen", dijo el presidente, y el Gobierno cuenta con los agentes sociales para sacar adelante las reformas necesarias para ello. Si además se suman también los partidos políticos del arco parlamentario, pues fenomenal, pero el plan A pasa por hacerlo a través del diálogo social. Así opera el plan diseñado por Fátima Báñez.
Los agentes sociales son plenamente conscientes de que se les ha abierto una ventana de oportunidad con la reactivación de la concertación social, a la que la crisis había dejado seriamente tocada, y lo dejaron bien claro en sus intervenciones en el acto de presentación del acuerdo del Salario Mínimo. Valoraron el acuerdo alcanzado, sí, pero lo pusieron también en contexto, presentándolo como una pieza en un marco de negociación más amplio que deberá incluir, según lo señalado por empresarios y sindicatos, la negociación salarial para los funcionarios, la reforma del sistema de formación, las pensiones, la mejora de la calidad en el empleo y medidas para impulsar la competitividad de las empresas.
Los empresarios ponen el foco en la formación
Tres palabras: inversión, investigación y cualificación, para permitir crear empleos más cualificados, más seguros y de mayor calidad. Tanto el presidente de CEOE, Juan Rosell, como su homólogo de Cepyme, Antonio Garamendi, dedicaron más tiempo a señalar lo que el diálogo social tiene por delante que a valorar el acuerdo que acababan de rubricar. "Hay que recordar que las empresas suben los salarios cuando son más productivas y más competitivas y para que eso suceda se necesitan empleos con más formación y más cualificación", se encargó de aclarar Rosell.
Y para conseguir empleos de una cualificación más alta CEOE entiende que se debe dar una vuelta al sistema de formación en España. La organización ya ha elaborado un Libro Blanco con ideas para implantar un sistema de formación más eficiente en España que ha presentado en road show a las principales fuerzas parlamentarias. El mensaje que ha recibido en esos encuentros es, básicamente, que el Parlamento está dispuesto a apoyar la propuesta...siempre que vaya con aval sindical. Y es probable que lo consiga, al menos para una de las piedras angulares de su proyecto: que organizaciones empresariales y sindicatos recuperen la gobernanza sobre los fondos de formación y así los puedan destinar a las necesidades identificadas en el seno de las empresas, al contrario de lo que sucede tras la reforma gubernamental de 2015 que reservó la responsabilidad sobre esos fondos a los gestores públicos.
La otra prioridad de CEOE de cara a esta incipiente nueva etapa del diálogo social es abordar el problema del absentismo, lo que pasa ineludiblemente por una reforma de la gestión de la Incapacidad Temporal. El acuerdo aquí será más complicado, ya que sindicatos y patronal discrepan en un aspecto básico, que es a quién le debe corresponder la decisión de dar el alta al trabajador. Las empresas consideran que deben ser las mutuas, mientra que los sindicatos rechazan de plano esa posibilidad.
Mejoras salariales y más calidad en el empleo
Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de CCOO y UGT, respectivamente, tienen sus propias prioridades para este nuevo periodo de concertación social: la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios, las pensiones y la calidad en el empleo. "Esta firma va más allá del Salario Mínimo y lo enmarcamos en una senda de acuerdos sociales para impulsar el bienestar y la calidad en el empleo", subrayó Pepe Álvarez.
Una senda que esperan esté jalonada por un acuerdo en el ámbito de la Función Pública que permita recuperar a los funcionarios los 20 puntos de poder adquisitivo perdidos durante la crisis, una reforma del marco laboral que penalice la temporalidad e impulse la contratación fija y un acuerdo de pensiones que garantice su sostenibilidad sin penalizar las prestaciones.
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