Francisco González está un paso más cerca de figurar como investigado en el caso Tándem después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado formalmente su imputación por los delitos de cohecho y revelación de secretos. Las pesquisas que se han ido acordando desde el arranque de la investigación al BBVA por los pagos al comisario jubilado José Manuel Villarejo han determinado que el entonces presidente de la entidad podría no solo tener conocimiento de los hechos sino incluso estar detrás de la primera toma de contacto con el comisario jubilado y su empresa V & V Development, según fuentes jurídicas consultadas por este diario.
Muchos son los factores que han llevado a los fiscales Anticorrupción al frente del caso a estrechar el cerco en torno a la figura más importante del banco en el momento de los hechos pero el devenir de los acontecimientos determinan que ha sido clave tanto la información requerida hasta en varias ocasiones a la entidad y relativa al abono de los pagos efectuados desde el banco entre los años 2004 y 2017 así como las cuatro declaraciones judiciales del exdirectivo de la entidad Antonio Béjar. El empresario fue imputado el pasado verano junto con otros exaltos cargos de la entidad por todos estos encargos a Cenyt que costaron al banco poco más de 10 millones de euros.
Prueba de la trascendencia de la versión de Béjar es que la Fiscalía ha solicitado formalmente al magistrado Manuel García Castellón su imputación antes de escuchar en sede judicial al BBVA y ello pese a que su citación como persona jurídica se produjo a finales de julio ante la sospecha de que exdirectivos y altos cargos de la entidad consintieron esta relación laboral con Cenyt pese a que el policía todavía estaba en activo en el cuerpo policial. De hecho, apuntaron que algunos de los nueve directivos investigados (entre ellos el exjefe de seguridad Julio Corrochano y el exCeo Ángel Cano) habrían sido obsequiados con regalos desde el entorno de Villarejo para facilitar tal contratación.
Cambio de agencia de inteligencia
Las diligencias acordadas en esta novena pieza del caso Tándem que sigue bajo de sumario se remontan al mismo momento en que el banco contrata a Cenyt entre los años 2003 y 2004. Para entonces, la entidad trabajaba con la agencia de inteligencia Kroll a la que se le había encargado una investigación patrimonial. Sin embargo y en vista de que este encargo no surtió el efecto esperado, se prescindió de los servicios de esta firma a la que se le atribuye el espionaje de importantes figuras públicas y se propuso contratar con Cenyt, cuyo nexo con el banco ejercía el comisario y entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano. De hecho, el propio Villarejo apuntó en este sentido en su declaración ante el juez el pasado mes de julio, cuando aseguró que el comisario fue el que firmó los contratos en nombre de BBVA y que su intermediación en estos hechos se produjo para proteger la soberanía nacional.
Ahí fue donde comenzó una relación laboral que se prolongó hasta apenas meses antes de la detención de Villarejo con motivo del estallido del caso Tándem. El primer encargo, bautizado como 'operación Trampa', se ciñó al espionaje a empresarios, miembros del Gobierno y otras figuras ante la sospecha de que Sacyr iba a entrar en el capital del banco. Unos hechos que el propio González recordó en su despedida de la presidencia de la entidad el pasado mes de marzo cuando hizo alusión a que una de las mayores crisis que vivió el banco fue el "intento de Sacyr" de apropiarse del mismo "con la colaboración inexplicable de parte del Gobierno".
Las facturas clave
No obstante, las labores de Cenyt en todos estos años no se ciñen a este asunto; de hecho también se dedicó a identificar a clientes morosos con la entidad, tal y como defendió Béjar en su primera declaración judicial. Su estrategia de defensa, que pasa por colaborar con la Justicia, no solo le separó del resto de investigados en esta pieza, que optaron por acogerse a su derecho a no declarar mientras la causa esté secreta, sino que dio un fuerte impulso a la investigación puesto que durante todo este tiempo ha aportado información relevante acerca de su conocimiento de este asunto en calidad de exdirector de operaciones y riesgos.
No obstante, fue su cuarta y última comparecencia judicial hasta la fecha la más determinante en aras a avanzar en la investigación acerca de quien ordenó contratar con Villarejo. De hecho, en esa misma citación aportó abundante documentación y señaló a sus superiores en el banco a preguntas del magistrado instructor y de los fiscales del caso, tal y como adelantó este diario. Su cometido dentro de la entidad a la que perteneció durante dos décadas, consistía en estudiar el informe patrimonial que elaboraba la empresa de Villarejo en aras a valorar los bienes estudiados por Cenyt.
Los investigadores pusieron el foco precisamente en estos contratos con el entramado empresarial de Villarejo y su socio Rafael Redondo ante la sospecha de que estas facturas emitidas desde el banco se habrían 'inflado' a favor del comisario jubilado para compensarle por los servicios de espionaje que habría acometido durante todo ese tiempo. La revisión de las mismas dependían del departamento que entonces dirigía Béjar, el cual fue en un principio apartado de la presidencia de Distrito Castellana Norte y, posteriormente, cesado como directivo del banco que tenía que volver a readmitirle, tal y como adelantó La Información.
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