Cesan al jefe de mossos en la ciudad judicial tras la detención de indignados

  • La consellería de Interior ha cesado al jefe de Relaciones con la Administración de Justicia de los Mossos d'Esquadra, Joan Mallafré, un mes después de la irrupción de varias dotaciones de antidisturbios en el bar de la Ciudad de la Justicia para detener a seis "indignados" que se habían entregado al juez.

Barcelona, 3 nov.- La consellería de Interior ha cesado al jefe de Relaciones con la Administración de Justicia de los Mossos d'Esquadra, Joan Mallafré, un mes después de la irrupción de varias dotaciones de antidisturbios en el bar de la Ciudad de la Justicia para detener a seis "indignados" que se habían entregado al juez.

Según han informado a Efe fuentes de Interior, Mallafré ha sido relevado de su cargo como responsable de relaciones con los jueces y se le ha asignado un nuevo destino en la sala de mando de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, donde se encargará de desarrollar los programas de protocolos conjuntos con las policías locales.

El relevo de Mallafré se ha producido apenas un mes después de que el pasado 6 de octubre medio centenar de agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra irrumpieran en el bar de la Ciudad de la Justicia para detener a seis "indignados" imputados por la Audiencia Nacional por el acoso a los diputados del Parlament, que poco antes se habían puesto a disposición del juez de guardia de Barcelona.

Aunque oficialmente el Departamento de Interior ha desvinculado la destitución de Mallafré de la entrada de los antidisturbios en la Ciudad de la Justicia, su cese ha llegado tras la contundente condena de aquellos hechos por parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Frente al alud de críticas por la irrupción de los Mossos en la Ciudad de la Justicia, en una operación en la que varios periodistas fueron retenidos durante quince minutos, el conseller de Interior, Felip Puig, declinó cualquier responsabilidad, aseguró que se enteró con posterioridad y señaló que los agentes actuaron como "policía judicial" siguiendo las órdenes del juez de la Audiencia Nacional.

Puig admitió no obstante que se habían producido "problemas de comunicación" entre los jueces y los Mossos, por lo que se puso en contacto con los responsables de la Ciudad de la Justicia y el TSJC para darles explicaciones.

Además, el conseller aseguró que no había abierto ningún expediente informativo ni disciplinario sobre aquellos hechos, pese a que el TSJC le había pedido a través de un comunicado que se depuraran responsabilidades por la "incalificable operación", que los jueces consideraron de "extrema gravedad".

La intervención policial se produjo a los pocos minutos de que varios medios publicaran que un grupo de "indignados" se habían entregado a la Justicia, sin comunicarlo a la decana de los juzgados de Barcelona, que precisamente estaba almorzando en el bar de la Ciudad de la Justicia al igual que los imputados, ni al juez de guardia ante el que éstos se habían presentado.

La toma de la Ciudad de la Justicia por los agentes antidisturbios motivó que el juez de guardia, visiblemente irritado, emplazara a los responsables del operativo y al propio Mallafré a acudir a su despacho para pedirles explicaciones sobre el operativo.

El inspector Joan Mallafré, conocido en el ámbito judicial como "el pacificador", fue nombrado en febrero de 2009 para rebajar la tensión entre los Mossos d'Esquadra y los jueces, pero, paradójicamente, ha acabado destituido por enervar al poder judicial por su papel en la insólita toma policial de la Ciudad de la Justicia.

El nombramiento de Mallafré, durante la época del ecosocialista Joan Saura al frente de la consellería de Interior, pretendía apaciguar las relaciones entre la policía catalana y los jueces, después de que el entonces juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, enviara una carta a los Mossos para quejarse de una filtración a la prensa sobre el caso de una magistrada que fue sorprendida conduciendo ebria.

En su carta, Regadera acusaba a la policía catalana de filtrar noticias que desprestigiaban a los jueces para ocultar informaciones que "afectaban directamente a la seguridad de los ciudadanos", tras varias imputaciones y condenas a mossos d'esquadra por torturar y maltratar a detenidos.

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