Un informe denuncia el papel de Ceuta y Melilla como "centros de selección" entre "malos migrantes y buenos refugiados"

EUROPA PRESS

Representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Andalucía Acoge y Elín han dado a conocer este lunes en Ceuta un informe titulado 'Ceuta y Melilla, centros de selección de personas migrantes a cielo abierto a las puertas de África', en el que se denuncia que las dos ciudades autónomas se han convertido en espacios de diferenciación de las personas candidatas a llegar a Europa entre "malos migrantes y buenos refugiados" y se exige que termine "la impunidad en torno a las políticas migratorias de gestión de sus fronteras".

Para las tres organizaciones no gubernamentales "las vidas no se pueden seleccionar", menos de forma "dura y opaca" como se ha hecho a su juicio, por ejemplo, con "el bloqueo de las personas sirias exiliadas en Nador a pesar de que se consideran 'buenos refugiados".

"Estos dos enclaves se parecen más bien a tierras donde la violación de los derechos de las personas llamadas 'migrantes' está legalizada para facilitar así el mantenimiento de la arbitrariedad y la impunidad en la gestión de la frontera terrestre euro-africana", concluye el dictamen, que es el resultado de varias visitas a Ceuta, Melilla y Nador en las que ONGs españolas y marroquíes realizaron entrevistas a distintos actores que trabajan en temas migratorios "dentro y en torno" de ambas ciudades y a personas "directamente afectadas por las políticas de gestión" implementadas.

El informe es crítico con la "importante presión" que la Unión Europea ejerce sobre los países del sur del Mediterráneo "para que éstos establezcan políticas migratorias más firmes, en particular en lo relativo al control de los movimientos migratorios y a la gestión de las fronteras" y rechaza la "legalización de las 'devoluciones en caliente" bajo la figura del 'rechazo en frontera', que desde el punto de vista de los autores "no respeta ni la legislación nacional ni los convenios internacionales ratificados por el Estado español".

"No se realiza ningún examen individual de la situación de las personas rechazadas y la violencia sigue estando omnipresente a ambos lados de la valla", refiere el documento, que subraya que "durante las entrevistas realizadas a la Guardia Civil ha sido sorprendente ver hasta qué punto esta legalización de los 'rechazos en frontera' parece de hecho no haber cambiado nada en sus prácticas en los enclaves".

El trabajo asegura que "para una persona negra que busca protección las únicas opciones para cruzar la frontera por tierra son saltar la valla o esconderse en un vehículo, algo que resulta muy caro", y destaca que "las oficinas de asilo abiertas en las fronteras de Ceuta y Melilla parecen constituir, para las personas originarias de África subsahariana, una manera adicional de criminalizar su migración, intentando demostrar que estas personas no se dignan pasar por las vías legales puestas a su disposición".

"La conclusión parece clara: como no se presentan en las oficinas de asilo situadas en la frontera y siguen intentando saltar la valla, se trata de 'migrantes económicos' y no de personas que necesitan potencialmente una protección internacional, lo que justifica los 'rechazos", lamentan las tres ONGs, que forman parte del colectivo Migreurop.

A sus ojos "la gestión de los traslados de los residentes del CETI hacia la península constituye el elemento clave de las políticas migratorias españolas en los enclaves de Ceuta y Melilla" pese a que "no están regulados". Ello crea un "limbo jurídico" apoyado en "el estatus de excepción de las dos ciudades, que junto a los intereses convergentes para el bloqueo de personas que tratan de llegar a Europa permiten mantener un vacío jurídico en torno a los traslados a la península y perennizar el control discrecional de las fronteras exteriores de España".

"¿ES INTOCABLE LA GUARDIA CIVIL?"

El informe también llama la atención sobre la "auténtica demostración de impunidad que desde hace varios años ha llevado a salir indemnes a la Guardia Civil y sus agentes de numerosos actos violentos y (algunas) imputaciones". "Parece que la justicia española, respaldada por el Gobierno, protege a la Guardia Civil a pesar de los múltiples casos en que ésta ha violado la legislación nacional e internacional y de su papel predominante en los ataques a la integridad física y moral de las personas candidatas a la inmigración hacia Europa", censura.

Así, los autores del trabajo señalan que "parece que los peones que ejecutan las políticas migratorias en la frontera sur de la Unión Europea, los guardias civiles, son demasiado importantes ya que resultan muy útiles para externalizar las responsabilidades derivadas de las prácticas de 'protección' de las fronteras de la Europa fortaleza".

Al otro lado de la frontera "los peones son las Fuerzas Auxiliares marroquíes, cuyas actuaciones ilegales contra las personas que tratan de saltar las vallas de Ceuta o de Melilla son conocidas pero permanecen igualmente impunes", concluyen.

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