CGPJ alerta de que el pago por copia privada podría no cumplir leyes de la UE

Madrid, 25 jul.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha alertado del riesgo que supone el hecho de que el pago de la compensación por copia privada se cargue a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que "puede no ajustarse" a las normas del derecho comunitario.

Un Real Decreto de 7 de diciembre de 2012 puso fin al sistema anterior de abono, a través del denominado canon digital, y lo sustituyó por una compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, fijada en 5 millones de euros para el pasado año y 2013, sistema al que se oponen las entidades de gestión.

Un sistema de pago que el Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Enjuiciamiento Civil "planea consolidar", resalta el CGPJ.

Así lo señala el informe a este anteproyecto de Ley aprobado hoy por el pleno del CGPJ.

Hay que tener en cuenta, señala el documento, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en la materia y las recomendaciones del mediador de alto nivel designado por la Comisión Europea.

El mediador, Antonio Vitorino, hizo públicas el pasado mes de enero una serie de recomendaciones, entre ellas, la necesidad de unificar el modelo de imposición del canon digital en los Veintisiete.

En su informe, el CGPJ analiza un anteproyecto que gira en torno a la revisión del sistema de copia privada; el establecimiento de un régimen más severo de supervisión y control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual; y el fortalecimiento de los mecanismos legales frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital.

En lo que se refiere a las modificaciones que afectan al régimen de la gestión colectiva, el informe señala "que no parece coherente que vayan a poder operar dos tipos de agentes, unos no sujetos a control (los gestores libres o no autorizados) y otros sí (las entidades de gestión)".

Además, el anteproyecto "no prevé conferir a las entidades de gestión la especial legitimación de que vienen disponiendo las entidades para actuar en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales".

Esto, agrega el informe, "pasa por alto la misión de servicio público que las entidades realizan y que la ley les reconoce al exigir que obtengan autorización administrativa".

Al respecto, recuerda la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la legitimación especial de las entidades de gestión, "que subraya la íntima conexión entre esa legitimación y la eficaz protección de los derechos de propiedad intelectual".

Al mismo tiempo "pone de manifiesto los serios inconvenientes de índole práctica que acarrearía su eliminación, aunque sea parcial (para derechos de gestión colectiva voluntaria)".

Sobre el régimen de infracciones y sanciones a que están sujetas las entidades de gestión, el CGPJ recomienda que la infracción dictada por no retirar contenidos infractores tras requerimiento de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual debe "ubicarse mejor en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información".

Y la sanción de multa que lleva aparejada no debe tener "una cuantía diferente de la que esta norma dispone para infracciones de la misma categoría".

Otro de los temas que analiza el informe es el fortalecimiento de los mecanismos legales para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital.

Lo que propone la Ley de Enjuiciamiento Civil "facilitará la preparación del juicio a quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual, en especial cuando la infracción se haya cometido a través de la red, que es una de las lagunas que presenta la regulación actual".

El anteproyecto de la Ley de la Propiedad Intelectual fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de abril y llegará al Parlamento a finales de año.