Los vaivenes que ha sufrido el Poder Judicial esta semana y que comenzaron a primera hora del lunes al conocerse la candidatura de la todavía ministra de Justicia Dolores Delgado a fiscal general del Estado, son consecuencia de una serie de hechos ligados a la llegada del nuevo Gobierno que han hecho incluso que el CGPJ se pronunciara en una declaración institucional sin precedentes. No obstante, los acontecimientos vividos en los últimos días ponen de manifiesto uno de los verdaderos problemas que afronta el corazón de la Justicia y que no es otro que su necesaria renovación.
El descontento mostrado en la votación del Pleno del pasado jueves relacionado a los méritos de Delgado para suceder a María José Segarra como máxima representante del Ministerio Fiscal se entiende también en clave política. De hecho, el resultado de la votación demostró que gran parte del bloque progresista votó a favor de su candidatura por "responsabilidad institucional", según fuentes consultadas por este diario, mientras que 7 vocales afines a su presidente Carlos Lesmes y de tinte más conservador, se opusieron a que Delgado sea la nueva fiscal general del Estado al constatar la existencia de falta de imparcialidad teniendo en cuenta su procedencia directa del Ministerio de Justicia.
En el día de ayer todavía coleaban los resultados de una votación inusual donde las hayas teniendo en cuenta que los cinco anteriores fiscales generales fueron respaldados por unanimidad (María José Segarra o Consuelo Madrigal) o, a lo sumo, con un voto en contra (como ocurrió con Julián Sánchez Melgar o el fallecido José Manuel Maza). En este caso hasta siete vocales propuestos todos ellos por el PP tumbaron a la candidata de Pedro Sánchez incluso pese a que Lesmes modificó el informe eliminando del mismo todo lo relativo a la idoneidad de Delgado. Un gesto que entre los magistrados progresistas no sentó bien y se entendió como un desprecio a la candidata.
Choque con el Gobierno
La polémica está servida en un Poder Judicial en funciones desde diciembre de 2018. Aunque el PP y el PSOE estuvieron cerca de llegar a un acuerdo de renovación hace ahora 14 meses, el pacto que estaba prácticamente cerrado se truncó y devolvió la negociación a la casilla de salida. Ahora, el nuevo Ejecutivo de coalición ha mostrado su interés de volver a retomar los contactos. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han aprovechado sus primeras comparecencias públicas para lanzar el mensaje de la necesidad de renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el Poder Judicial no ha dejado pasar por alto su oportunidad de recordar que si hay una renovación pendiente es precisamente porque no se han puesto de acuerdo los grupos parlamentarios de cara a proponer los nuevo 20 vocales del Pleno. Hasta en tres ocasiones lo ha recordado Carlos Lesmes en sus últimas comparecencias y de nuevo, fuentes del Poder Judicial lo volvieron a sacar a relucir después de que Moncloa, en su defensa a Pablo Iglesias, dejara caer que parte del malestar con el órgano de gobierno de jueces se produce por la situación de bloqueo que achacó al Partido Popular.
Este cruce de reproches se produjo a tenor de unas declaraciones de Pablo Iglesias el cual, apenas tres días después de prometer su cargo como nuevo vicepresidente segundo del Gobierno, puso en duda en una entrevista televisiva la imparcialidad de los jueces y magistrados a la par que apuntó a una "humillación" de la Justicia europea a los tribunales españoles. Las declaraciones provocaron la rápida reacción de la Comisión Permanente del Poder Judicial que negó esos extremos (mencionando casos concretos sobre el procedimiento del procés) y le pidió, además, "responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia".
Las reformas pendientes
Al margen de los acontecimientos de esta semana, las asociaciones de jueces y fiscales esperan que el nuevo ministro de Justicia aborde una de las cuestiones más reclamadas por el Poder Judicial: la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ. El objetivo, según explican, es que sean los miembros de la carrera judicial los que propongan a los jueces y magistrados que integran el órgano de gobierno de los jueces y no los partidos políticos con representación en el Congreso y el Senado. En lo que respecta la Fiscalía, uno de los reclamos más antiguos reside en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, especialmente en lo que respecta a propuesta del fiscal general así como a su cese (el cual se produce, entre otras circunstancias, cuando cesa el Gobierno que lo propuso).
Así pues esta son las 'patatas calientes' que hereda Campo en el Ministerio que antes dirigía Delgado y cuya actuación, por su parte, será vigilada de cerca por los miembros de la carrera fiscal que temen que su designación tenga repercusiones más directas en las causas políticas. Máxime teniendo en cuenta que todavía colean los flecos del procés en el Tribunal Supremo y que, el mandato de Delgado en Justicia coincidió con el cambio de criterio de la Abogacía General del Estado en su acusación contra los líderes independentista, a quienes acabó atribuyendo delito de sedición y no de rebelión. A ello se suma el juicio contra Josep Lluis Trapero y la policía política que arranca este mismo lunes en la Audiencia Nacional.
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