Los efectos de la crisis por la pandemia del coronavirus no solo tienen su derivada social y económica. Desde la carrera judicial temen un colapso en todos los juzgados de España por la entrada de asuntos cuando se retome la actividad, suspendida por el CGPJ tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. El órgano que preside Carlos Lesmes ya ha lanzado un primer documento como parte del borrador en el que trabajan para afrontar las consecuencias de este 'parón'. Sin embargo, sigue sin abordarse el principal escollo de la carrera judicial: la carencia de jueces en todos los órdenes jurisdiccionales del país, que ya ha sido advertida por algunos magistrados antes de que se apruebe definitivamente el borrador que se ha preparado.
El problema de la falta de personal en la planta judicial viene de largo. España, pese a ser el tercer país de la OCDE en número de litigios, cuenta con uno de los porcentajes más bajos de jueces en Europa. Así, mientras la medida es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España el número se reduce a 11. En el caso de los fiscales la cifra pasa de 11 por cada 100.000 habitantes en Europa a 5 en nuestro país. Es por ello que el ambicioso plan del que se encargan los grupos de trabajo gestionados por el CGPJ tiene como principal obstáculo la falta de personal puesto que, a todos los asuntos ya existentes que se retomarán cuando el Gobierno alce el estado de alarma, habrá que añadir los nuevos pleitos que nazcan como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir esta crisis.
El documento, que aborda cambios de calado en todos los órdenes jurisdiccionales, ya está en manos del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, de los tribunales superiores del país y de las asociaciones de magistrados. Todos ellos tienen de plazo hasta mediados de la semana que viene para formular alegaciones teniendo en cuenta que el plan no está cerrado y que es susceptible de incorporar "correcciones y ajustes". El borrador engloba un total de siete medidas de carácter general para aplicar en todo el territorio y luego otro centenar más distribuidas en el orden civil (con mención especial al apartado mercantil), penal, contencioso-administrativo y social, si bien el primero de ellos es el que copa el grueso de propuestas.
Polémica con las vacaciones de agosto
La prioridad ahora mismo consiste en reducir lo máximo posible la tramitación de asuntos así como agilizar la resolución de los mismos. Por ello, entre las medidas incluidas en este borrador, se encuentra la posibilidad de dictar sentencias 'in voce', priorizar los juicios verbales a los ordinarios o limitar que se puedan presentar recursos en segunda instancia (en lo contencioso sugiere aumentar la cuantía actual de 30.000 euros a 60.000 euros). La finalidad es reducir el número de procesos abreviados en el ámbito de lo contencioso teniendo en cuenta que solo en el año 2019 ingresaron en los juzgados un total de 113.526 asuntos de esta índole.
Sin embargo, muchos juristas consideran que estas modificaciones que pretende introducir el CGPJ pueden derivar en una merma en el derecho de los ciudadanos que quieran recurrir en segunda instancia las resoluciones dictadas por el juez. También genera controversia la sugerencia de habilitar el mes de agosto para que la plantilla judicial pueda adelantar en todos los asuntos que ahora han dejado de tramitarse por no considerarse esenciales. Mientras algunos miembros de la carrera judicial entienden que podría ser una alternativa factible para evitar la acumulación de causas, otros apuntan que es una medida que afecta también a más actores, como abogados y procuradores, y podría no ser tan efectiva como se pretende.
Refuerzo de los juzgados de familia
A ello hay que añadir la propuesta de modificar la Ley 15/2003 que regula el régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal. En aras a costear los planes de refuerzo del CGPJ se eliminaría la retribución variable del salario de jueces y magistrados en lo que resta del ejercicio de 2020. Otro de los mecanismos con los que cuenta el órgano de gobierno para intentar lograr una carga más equitativa de los asuntos es redistribuirlos en los órganos más sobrecargados. Para ello se propone mantener el refuerzo en los juzgados de familia (que gestionarán muchas demandas vinculadas a posibles incumplimientos en el régimen de visitas de padres separados con hijos) e incluso acelerar la puesta en marcha de juzgados pendientes cuya fecha prevista era marzo y junio de 2020.
Otro orden que se va a ver colapsado es el de lo social, ante posibles demandas relacionadas con los ERTE o con los despidos que se han disparado en las últimas semanas. Uno de los cambios más novedosos que pretende llevar a cabo el CGPJ es la reforma la Ley Reguladora de la Seguridad Social para introducir contestación escrita en procesos de Seguridad Social, incluido el desempleo. De nuevo buscan agilizar los procesos limitando las vistas para cuando las soliciten todas las partes y se consideren necesarias. Ello permitiría que jueces de refuerzo en comisiones de servicio puedan hacerse cargo de estos asuntos al tratarse de procedimientos escritos.
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