Moncloa ha acelerado las negociaciones y los movimientos para intentar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que finalice el año. "Hay que doblar el brazo al PP", apuntan desde una parte del Gobierno. "El objetivo es desbloquear el no de Casado", señalan los otros socios. Pedro Sánchez ha incluido a Unidas Podemos en la estrategia. "Es el Gobierno y negocia el Gobierno". El calendario es el siguiente: primero intentar avanzar con el PP y, después, plantear la entrada en el órgano de gobierno de los jueces representantes propuestos por grupos parlamentarios que dan apoyo al Ejecutivo de coalición.
Las conversaciones las llevan cuatro actores. En primer lugar, Juan Carlos Campo, que interlocuta con el consejero madrileño de Justicia y responsable de la materia del PP, Enrique López. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo también lleva las riendas de la estrategia y ha incorporado a las mismas al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El martes por la tarde, tras el Consejo de Ministros, hablaron. Los asuntos de Estado, y este es uno de ellos, los lleva al PSOE y ahí Unidas Podemos respeta el acuerdo. Pero los socialistas se han abierto a incorporar a los morados. Todos mantienen un contacto directo con Pedro Sánchez y el gabinete del presidente, para quien la renovación del CGPJ es un asunto clave. El cuarto actor son los grupos parlamentarios de la coalición en el Congreso, que ejecutan los movimientos.
En este momento el Gobierno continúa en una fase de cortejo al PP. Las habituales vías de comunicación siguen abiertas. Moncloa habla de dos gestos: el primero, metiendo en el congelador la propuesta de reforma del Poder Judicial de octubre en la que se pretendía cambiar la actual mayoría cualificada de 3/5 por la mayoría absoluta en segunda ronda. El Gobierno dice que esa Proposición de Ley únicamente se encuentra paralizada, que no desechada, y podría recuperarla en cualquier momento. Y, el segundo, el anunciado este miércoles a través de una nueva Proposición de Ley para suavizar ese primer plan y únicamente limitar las funciones del organismo cuando su mandato haya caducado. Desde el PP afirman que no van a comentar el movimiento.
La coalición quiere que esta segunda propuesta de reforma se tramite en el Pleno del Congreso del próximo 15 de diciembre e inicie su recorrido parlamentario aprovechando la andadura de los Presupuestos en el Senado. Su aprobación definitiva dependerá de las prisas que quieran imprimir PSOE y Unidas Podemos. Hay que recordar que los dos partidos que componen la coalición tienen también paralizada la creación de la Comisión de Investigación sobre el caso Kitchen y podrían utilizar esa amenaza como moneda de cambio en las conversaciones con Génova.
La segunda parte de la estrategia de Moncloa es proceder a decidir la composición del nuevo CGPJ. Y es ahí donde también se están produciendo movimientos. Que Unidas Podemos participará en la elección se da por descontado. Pero la coalición quiere llegar más lejos. El Gobierno no descarta dar entrada a nombres propuestos por socios parlamentarios como ERC o PNV. Los morados también quieren hacerlo con EH Bildu, pero el PSOE lo ve complicado. El objetivo de Iglesias es incorporar al bloque de la investidura ampliado en los Presupuestos a la gobernabilidad del país e ir abriendo las negociaciones hacia los considerados socios prioritarios del Ejecutivo.
Los mensajes que llegan al Gobierno por parte de estos socios son diferentes. ERC ya ha alertado a Sánchez de que la reforma para cambiar las mayorías en la elección de los vocales podría ser peligrosa cuando se produzca un cambio de Ejecutivo. Los independentistas apuestan, por tanto, por mantener el actual sistema. El PNV, por su parte, es partidario de buscar un punto intermedio. El grupo vasco no considera "idóneo" cambiar las mayorías pero sí cree que podría hacerse de forma puntual para sortear los bloqueos. Lo que está claro es que Sánchez e Iglesias quieren contar con ellos poniendo fin al sistema que ha imperado en los últimos años y en el que el bipartidismo se ha repartido el CGPJ.
La falta de un acuerdo que a punto ha estado de cerrarse hasta en dos ocasiones ha hecho que el CGPJ de Carlos Lesmes cumpla ya dos años en funciones. De nada sirvieron las peticiones que el todavía presidente del Tribunal Supremo lanzó a las Cortes Generales recordando el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno de jueces. Aunque desde el Partido Popular se lanza un mensaje de parálisis en las negociaciones el Gobierno apunta en la dirección contraria. Tanto es así que esta misma semana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dejó caer que sólo restaba anunciar el acuerdo.
Incluso fuentes de dentro del CGPJ consultadas por este medio contaban con que en diciembre celebrasen sus últimos plenos como vocales del órgano, si bien todo depende de cuando se concrete el ansiado pacto. Lo que sí es cierto es que las conversaciones nunca se han llegado a romper ni tan siquiera en el momento más tenso, el pasado verano. Era julio cuando el CGPJ congeló los nombramientos pendientes a la espera de un anuncio que nunca llegó a concretarse debido, según el PP, a las críticas a la Corona que hizo el socio de Gobierno del PSOE. De hecho, los reclamos de Podemos de participar en este reparto han sido una constante mientras que para la formación que lidera Pablo Casado supone una línea roja que no quieren pasar.
Tanto es así que se el acuerdo habría saltado por los aires cuando Sánchez puso sobre la mesa que daría a Podemos dos los vocales que competen a su partido. Sin embargo, fuentes de la negociación consultadas por este medio ya no lo ven como un impedimento. De hecho, no descartan que puede haber ‘fumata blanca’ si en el reparto de los ocho vocales que se eligen entre juristas de reconocida competencia, alguno es más próximo a la formación morada. El responsable de Justicia ya lo dejó caer a comienzos de semana al deslizar que no veía motivos para excluir de la negociación al socio de Pedro Sánchez en Moncloa. Otras fuentes incluso van más allá y apuntan a una mayor implicación de formaciones independentistas como ERC o Bildu. Todo dependerá del perfil de los candidatos.
Lo que está claro es que la proposición parlamentaria que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso sigue estando ahí. Si no hubiera acuerdo en este tercer intento, el PSOE sacaría adelante esta reforma del Poder Judicial que reduce la mayoría necesaria para renovar los órganos. Así lo recordaron la semana pasada los representantes de Unidas Podemos en su reunión con representantes de tres de las cuatro principales asociaciones de jueces. Los 'emisarios0' de la judicatura presentaron en el Congreso más de 2.500 firmas de jueces y magistrados (lo que supone más de la mitad de la carrera judicial) para reclamar la paralización de esta reforma y un mayor protagonismo en la elección de sus pares, de acuerdo con las recomendaciones que desde los últimos años efectúa a España el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Sin embargo, Podemos recordó que esta propuesta sólo está congelada, dejando la responsabilidad del asunto en manos de PP.
En lo que respecta al reparto de los vocales, todo apunta que se seguirá con el esquema adoptado en verano de manera que sería 10 vocales elegidos por el PP y 10 a propuesta del PSOE. Para presidencia suena cada vez con más fuerza el nombre de Pilar Teso. La magistrada de la Sala de lo Contencioso del Supremo es la apuesta clara del PSOE; una elección que aprueba el PP por su perfil moderado. Aunque los estatutos dicen que el presidente lo eligen los nuevos vocales del Consejo, lo cierto es que se trata de una figura clave en las negociaciones. De prosperar las mismas, Teso se convertiría en la primera mujer presidenta del alto tribunal en sus poco más de 100 años de vida.
Entre las quinielas a futuros vocales del órgano también se encuentran nombres como el de Alejandro Abascal. El magistrado de la Audiencia Nacional, que ejerce como refuerzo del juez del caso Villarejo, se incluye como una de las propuestas clave, según las fuentes implicadas en la negociación que cuenta con Campo y Enrique López como interlocutores. En la lista del PP se incluye también la magistrada Gemma Espinosa (directora de la Escuela Judicial Española y mujer de Pablo Llarena) además del decano de los procuradores de Madrid, Gabriel de Diego. El PSOE, por su parte, habría propuesto a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Inmaculada Montalbán y a Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y a la citada Pilar Teso.
Los problemas con Europa
Hay que recordar que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de cambiar el sistema de mayorías en el CGPJ ya provocó la oposición en varios actores jurídicos, así como advertencias desde Europa. Las asociaciones de jueces mostraron su rechazo a la modificación de elección de vocales de su órgano de gobierno. Las críticas, a las que se unieron la mayoritaria Asociación de Fiscales, así como colegios de abogados y varios tribunales superiores de Justicia, fueron en aumento hasta llegar al punto de que algunas de ellas anunciaron que no participarían en más reuniones con Justicia hasta que se retirara la iniciativa parlamentaria.
A todo ello hay que añadir que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) lleva advirtiendo desde 2013 que el talón de Aquiles de la Justicia española es precisamente el sistema de elección de vocales del CGPJ debido a la falta de protagonismo de los jueces para elegir a sus homólogos. Esa semana el grupo, dependiente de Europa, volvía a advertir sobre la necesidad de modificar el reparto actual en la dirección contraria a la proposición de ley registrada la semana pasada en la cámara baja.
Los populares siguen repitiendo que sus condiciones para renovar el CGPJ son tres: retirar esa reforma de PSOE y Unidas Podemos "contra la independencia judicial", despolitizar la elección tanto de los jueces como de la Fiscalía y excluir al partido de Pablo Iglesias de todo el proceso.
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