"Adelante, lo anunciamos. Mañana en el Congreso". Este es el último mensaje que trasladó el equipo de Pedro Sánchez al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados para dar a conocer el pasado martes, coincidiendo con el consejo de ministros que aprobaba el nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal o medidas para acabar con la brecha en las empresas, la Proposición de Ley Orgánica para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El momento elegido no es casual y el formato, tampoco. Detrás hay un exhaustivo trabajo que ha liderado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para poner encima de la mesa una propuesta que, como ya suponían en el Gobierno de coalición, es una 'bomba de relojería'.
Los movimientos arrancaron en septiembre, a la vuelta de las vacaciones. Sánchez sondeó a Pablo Casado y vio que era imposible retomar la negociación que se había quedado en julio al 99% y que solo faltaba anunciarse. El PSOE se iba a quedar con diez vocales y el PP con la otra decena en el órgano de gobierno de los jueces. El presidente sería elegido por consenso. Ante los problemas para avanzar Moncloa activó cinco piezas: primero, Pablo Iglesias, que ha estado al tanto de todo; al citado Campo; a Jaume Asens, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos y Enrique Santiago, adjunto; a Adriana Lastra y a Pablo Echenique. La propuesta de reforma se ha sustentado en estos cinco equipos.
El grueso de las conversaciones las ha llevado el ministro de Justicia con el tándem conformado por Asens y Santiago. Han hablado mucho en las últimas semanas y han mantenido en torno a una decena de reuniones en la sede del ministerio con el equipo de Campo. Había que estudiar todos los detalles de la reforma, que partió de Unidas Podemos, para encajarla en la legalidad vigente. Y se hizo. En este trabajo ha participado no solo Justicia y el aparato jurídico de Moncloa. También han colaborado otros ministerios. No hay que olvidar que en el consejo de ministros se sientan otros dos jueces, además de Campo: Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Además, la vicepresidenta Carmen Calvo es jurista constitucionalista.
El Gobierno estudió la ley y adoptó su propuesta a ella. La referencia que han tomado es una sentencia de agosto de 1986 del Tribunal Constitucional en el que el Alto Tribunal interpretó "la existencia de un consenso implícito sobre la necesidad de que los doce vocales procedentes de la Carrera Judicial expresasen no sólo diferentes niveles de experiencia por su función y su edad, sino las distintas corrientes de pensamiento existentes en aquélla, pero ese consenso no parece extenderse hasta la determinación del procedimiento adecuado para alcanzar tal resultado, de forma que no se constitucionalizó una fórmula correcta, sino que los constituyentes se limitaron a remitirla a una futura Ley Orgánica".
"Queda, por tanto, encomendada al legislador orgánico -afirman los representantes de PSOE y Podemos en su proposición- la adaptación del sistema de elección de estos vocales a la realidad del momento", lo que habrá de hacerse, remarca el Constitucional, "con el objetivo principal de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial". El Gobierno cree, por tanto, que su propuesta es jurídicamente viable. Y políticamente también, como expuso Sánchez este viernes desde Bruselas. De hecho los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos ya han sondeado a sus socios de investidura. En ERC la música suena bien y el PNV considera que si no hay más remedio y el PP no se aviene a negociar apoyaría el cambio. Los números, por tanto, darían.
La propuesta de reforma, explican desde el Gobierno, está pulida al máximo. Por ejemplo, durante la negociación se llegó a poner encima de la mesa la posibilidad de que la misma se aprobara con carácter retroactivo y que el nuevo CGPJ pudiera revisar los nombramientos que han realizado los jueces en las últimas semanas en el Tribunal Supremo, por ejemplo, con la elección de seis plazas en plena tensión con el Gobierno. Fue Unidas Podemos quien lo planteó. La conclusión a la que llegaron los negociadores fue que el efecto retroactivo de la reforma podría ser tumbado en el Constitucional y, por tanto, anularse la misma. Lo desecharon.
La maquinaria se activa el 12-O
Una vez cerrada la negociación y armada la Proposición de Ley solo restaba anunciarlo. Y el Gobierno lo hizo en un momento importante. No fue un paso menor para un PSOE que siempre ha participado en el sistema de elección de los jueces y que sabía que iba a recibir críticas por la maniobra. El 12 de octubre, el lunes pasado, tras la parada militar en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad, el Ejecutivo activó la maquinaria. Ese día la prensa destacaba los corrillos del Gobierno con Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, al lado y la presencia, inédita hasta ahora, de ministros de Unidas Podemos en el acto. Tras esos imágenes y conversaciones, en las que también participó Casado, por cierto, se activó la maquinaria. No fue, insisten las fuentes consultadas, un instante casual.
El método que eligió el Gobierno de coalición fue hacerlo en el Congreso, a través de los portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Pablo Echenique. "Adelante, lo anunciamos" fue, en definitiva, la consigna impartida. Se activó entonces un acto en la Cámara Baja para darlo a conocer con el visto bueno del presidente. Se calculó todo y se dio orden a la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de desvincular al Ejecutivo de la medida: es una reforma que proponen dos grupos parlamentarios, defendió la también ministra de Hacienda en la sala de prensa de Moncloa. Todo estaba medido en una semana en clara clave económica.
Y es que, mientras el Gobierno lanza esta propuesta, Hacienda sigue negociando los Presupuestos. Ha sido una semana, en esta materia intensa. Montero y Nacho Álvarez están cerrando la reforma fiscal y aún hay aspectos por decidir. Por ejemplo, la subida del Impuesto de Patrimonio está ahora mismo fuera y las conversaciones, según explica Hacienda, se están centrando en dónde fijar el límite en el alza del IRPF. El documento está a la espera de ser cerrado por Sánchez e Iglesias y presentado en sociedad tras la moción de censura de Vox. Se avecina otra semana de intensa actividad.
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