La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido al paso de las polémicas declaraciones pronunciadas por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y en una inusual declaración institucional ha exigido "moderación, prudencia y mesura" en lo que respecta a la independencia de la Justicia española. El órgano de gobierno de jueces sugiere que se debe evitar la utilización política de la Justicia así como cuestionar la independencia de un Poder Judicial que esta semana está siendo claro protagonista de la actualidad informativa tras el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.
El CGPJ reacciona de esta manera a las declaraciones efectuadas este mismo martes por Iglesias en las que aseguró que la judicialización del conflicto catalán "está haciendo mucho daño a la imagen de España en Europa" y que varios tribunales europeos han quitado la razón a los magistrados españoles. "Eso es una humillación", afirmó. En respuesta, la Comisión Permanente del CGPJ, con su presidente Carlos Lesmes a la cabeza, ha aprobado por unanimidad ofrecer esta respuesta institucional en la que reivindica la autonomía del Poder Judicial y la colaboración de los tribunales españoles con la Justicia Europea.
Aunque aclara que esta comunicación se emite "desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión", recalca que, en lo que respecta a la deriva independentista catalana a la que se refirió el nuevo vicepresidente del Gobierno, el TJUE ha aceptado la postura de Tribunal Supremo. Al respecto recuerda el proceso vivido en los últimos meses en el marco de la causa de la deriva independentista en Cataluña, que comenzó con la cuestión prejudicial que registró la Sala de lo Penal en Europa sobre la inmunidad de Junqueras en calidad de europarlamentario, y terminó con su inhabilitación, "decisión que fue inmediatamente aceptada y ejecutada por el Parlamento Europeo".
Respaldo de la Justicia europea
El segundo punto aclaratorio del CGPJ reside en el pronunciamiento del Tribunal Europea de Derechos Humanos (TEDH) que confirmó "en todos sus extremos" la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 que convocaron los líderes independentistas juzgados en el Supremo tras el 1-O. Los jueces recuerdan que la Justicia europea respaldó la decisión del TC y declaró que esa suspensión era "necesaria en una sociedad democrática" para el "mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás".
Y en lo que respecta a los tribunales sobre los que no existe subordinación alguna de la Justicia española, la Comisión Permanente recuerda que "ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo" sobre las euroórdenes emitidas por el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, para Carles Puigdemont y el resto de exconsellers huidos de la Justicia y procesados en estas diligencias. Se refieren los miembros de la Comisión Permanente a la postura del tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein que rechazó, pese al criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión y únicamente aceptó su entrega por el delito de malversación de caudales públicos.
"Como ya ha hecho a lo largo del presente mandato del CGPJ con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con las actuaciones de los tribunales, la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces(zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial", reza la declaración suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, además de todos los vocales de la Comisión Álvaro Cuesta; José María Macías, Pilar Sepúlveda; José Antonio Ballestero; Juan Manuel Fernández; Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.
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