El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido con el calendario previsto en plena revuelta política por su situación en funciones. Pese a la tramitación el en Congreso de la iniciativa parlamentaria que trata de impedir su actuación en esta situación, los vocales del CGPJ han dado luz verde por mayoría a cuatro nombramientos clave de la cúpula judicial. Entre ellos se encuentra el de José Pablo Aramendi Sánchez como nuevo presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el cual ha obtenido 17 de los 21 votos de los integrantes del Pleno.
De este modo, y tal y como lo adelantó La Información, el CGPJ actúa de acuerdo a lo previsto y saca adelante estos nombramientos en su último Pleno del año. Además de Aramendi Sánchez, todos los vocales a excepto de dos de ellos han elegido a María José Renedo como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; a David Ordóñez como presidente de lo Contencioso del TSJ de Asturias y a Joaquín González Casso como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Frente al criterio general, han votado en blanco los vocales Concepción Sáez, Álvaro Sepúlveda y Pilar Cuesta, los tres integrantes del bloque más progresista.
Los cuatro cargos forman parte de un conjunto de ocho nombramientos que el Pleno tenía pendiente sacar adelante y que se habían congelado en los últimos meses a la espera de un acuerdo entre los principales partidos políticos para renovar su composición. Sin embargo, la ausencia de pacto les llevó a seguir adelante con su agenda, tal y como ya adelantó su presidente Carlos Lesmes en su discurso de apertura del año judicial. Las fuentes del órgano consultadas por este diario adelantaron que deben cumplir por Ley el mandato recogido en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De acuerdo con el punto dos del mismo, si las cámaras no efectúan en el plazo previsto la designación de vocales, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la designación del nuevo.
La respuesta del CGPJ
No obstante, los grupos parlamentarios de la coalición del Gobierno anunciaron que, de no desbloquearse la situación actual, pondrían en marcha los trámites necesarios para modificar la Ley de manera exprés en aras a evitar que actúen estando en funciones. PSOE y Unidas Podemos cumplieron lo pactado y lograron el respaldo de la cámara baja para comenzar la tramitación de una proposición cuya entrada en vigor esperan para comienzos del año que viene. El gesto no sentó bien dentro del CGPJ desde donde insisten en que cumplen con el mandato constitucional y recuerdan que el órgano de gobierno de los jueces es el primero que ha instado a que se cierre un acuerdo entre PP y PSOE para desatascar esta situación que se alarga desde diciembre de 2018.
De hecho, algunos entendieron este gesto como una injerencia a sus funciones y plantearon que se estudie en el Pleno de este jueves una respuesta institucional al trámite parlamentario. Por ese motivo se acordó estudiar dos escritos de los vocales. Uno de ellos lo firman un total de seis vocales (Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández) y propone que se solicite al Congreso que recabe informes tanto del CGPJ como de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre esta proposición de Ley. El otro va más allá y propone que el órgano examine directamente el contenido de esta proposición. Lo respaldan la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, además de Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán.
Con todo, el Consejo ya movió ficha la semana pasada. La Comisión Permanente reunida el pasado día 10 aprobó las bases para convocar más nombramientos. Se trata del primer paso antes de que los magistrados presenten sus candidaturas y éstas sean votadas y afectan a un total de 12 puestos de los cuáles seis son relativos a plazas en el Tribunal Supremo. A ello hay que sumarle que todavía quedan nombramientos que llevar a cabo. La mayoría de ellos afectan a plazas que quedaron vacantes en 2019. Entre ellas se encuentran la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no obstante se trata de una votación que queda relegada ya para el año que viene.
En lo que respecta al Pleno de este jueves, las fuentes consultadas explicaron que sacarían adelante algunos de los nombramientos pendientes si el acuerdo alcanzado era por mayoría, como así ha ocurrido. De hecho, esta es la tónica imperante en los nombramientos que el Consejo ha llevado a cabo en los últimos meses (y que incluyeron renovaciones en las principales Salas del Tribunal Supremo). Además de los cuatro puestos clave de la cúpula judicial, el Pleno ha aprovado con 20 votos a favor y uno en contra, las bases que regirán el proceso de selección de doce plazas de nombramiento discrecional, lo que constituye el primer paso para proceder a su futura convocatoria.
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