Los últimos ataques que han sufrido magistrados que ejercen o residen en Cataluña, como es el caso del juez del 'procés', Pablo Llarena, han provocado la reacción unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Permanente se ha plantado y ha reclamado tanto al Ministerio del Interior como a la Generalitat de Cataluña que pongan fin a estos hechos violentos, los cuáles, ha denunciado, hasta se jalean desde determinados sectores políticos en esta comunidad.
En una nota, el órgano de gobierno de jueces concluye que debe adoptarse un plan integral de protección no solo a jueces y magistrados que ejercen esta comunidad sino también a las sedes judiciales. Además, también se pide a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue estos actos y los supervise para descartar que no se depuran responsabilidades contra los responsables de los mismos.
Igualmente solicita al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que remita un informe con todos los incidentes producidos en relación con ataques sufridos por jueces y magistrado en Cataluña, así como de sus familias y bienes. Pide también que incluya todos los incidentes ocurridos en sedes judiciales de este territorio y las detenciones de personas relacionadas con los mismos.
La respuesta de la Comisión Permanente se produce menos de un mes después de que lanzara otra comunicación esta vez mostrando su solidaridad con Pablo Llarena, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyo domicilio en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) amaneció con pintadas amarillas que efectuaron miembros de Arran, organización juvenil vinculada a la CUP.
El texto acordado por la Comisión Permanente determina que la premisa "básica y elemental" de la independencia del Poder Judicial es que los jueces y magistrados desempeñen sus funciones con un clima de "sosiego y tranquilidad", lo que incluye que puedan realizar su trabajo con la garantía de que se vela por la integridad y seguridad suya y, "por descontado", de sus familias.
Advierten de que no se están tomando las medidas adecuadas
Insisten en que garantizar la seguridad de los magistrados en Cataluña no es un privilegio personal sino un aspecto necesario para que los ciudadanos puedan aspirar a vivir en una sociedad democrática real. Además, el Consejo asegura que observa con "preocupación intensa y creciente" cómo en esta parte del territorio español se están reproduciendo los ataques a jueces hasta degenerar en conductas criminales.
Los magistrados recuerdan que no es la primera vez que denuncian los hechos y que la situación actual les permite afirmar "que no se percibe que se estén adoptando las medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridad e integridad de las personas de los jueces y magistrados, las de sus familias y sus bienes, ni la de las personas que colaboran con ellos". Al respecto, recuerdan que las competencias de este cometido recaen sobre el Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña.
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