Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volverán a reunirse la próxima semana. Carlos Lesmes ha convocado un Pleno extraordinario para el jueves 4 de marzo en el que votarán ocho nombramientos clave en la judicatura. El también presidente del Tribunal Supremo ha retirado del orden del día esta cuestión pese a que un grupo de vocales había pedido que se incluyera, como estaba previsto. Sin embargo, finalmente el órgano de gobierno de jueces ha desactivado la elección de estos cargos (entre los que se encuentran tres plazas clave del Supremo) mientras sigue sin sellarse el pacto político de su renovación.
Así lo confirman fuentes del CGPJ a este medio tras la reunión mantenida por los 20 vocales. La decisión inicial de Lesmes de excluir del orden del día los nombramientos de ocho cargos judiciales ante el inminente acuerdo político de su renovación provocó el rechazo de parte del Pleno. Un grupo de ocho vocales remitió un escrito a comienzos de semana pidiendo que no se dejara este asunto en 'stand by' y se siguiera con el calendario previsto hasta que no fructificara el pacto entre las fuerzas políticas. De este modo, y tal y como lo recoge el Reglamento del CGPJ, el presidente del órgano se vio obligado a rectificar y a volver a incluirlo en la sesión de este jueves, en la que, entre otras cuestiones, también se ha analizado la conocida como Ley Montero.
El asunto en cuestión provocó una fuerte división dentro del órgano de gobierno de jueces, que lleva en funciones desde diciembre de 2018. Durante el año pasado congelaron hasta en dos ocasiones las votaciones de cargos pendientes precisamente ante la sospecha de que el pacto PP-PSOE era una realidad. En vista de que el acuerdo no terminaba de cerrarse, Lesmes advirtió que no podían dejar de lado el calendario porque así lo recoge la Ley. No obstante, y teniendo en cuenta que esta tercera vez amaga con ser la definitiva, el CGPJ decidió dejar las últimas convocatorias en el aire a la espera del anuncio formal. El hecho de que éste todavía no se haya producido aboca al órgano a celebrar un nuevo Pleno Extraordinario el próximo jueves para estudiar esta cuestión.
De este modo, y si no hay cambios a corto plazo, estudiarán la provisión de tres plazas en el Tribunal Supremo (dos en la Sala Civil y una en lo Contencioso) además de las presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y Canarias. También estudiarán la votación de una plaza en la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco y en las Audiencias Provinciales de Salamanca y Almería. Se trata de nombramientos de calado que se producen pese a las reticencias del Ejecutivo que no ve con buenos ojos estos movimientos y, por ello, propone regular por ley la actuación del CGPJ mientras se encuentra en funciones, como ocurre en este caso.
Esta proposición, que se presentó en el Congreso a través de los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición, no sentó nada bien en el mundo de la judicatura ni tampoco dentro del del CGPJ donde los vocales insisten en que siguen adelante con la agenda por es un mandato constitucional. Con todo, los 20 vocales (tanto del arco conservador como progresista) acordaron sacar adelante únicamente los nombramientos que se acordaran con una amplia mayoría. Con todo, y en lo que a la sesión de este jueves se refiere, también han estudiado nombramientos en la jurisdicción militar así como la conocida como Ley Montero o la 'ley del solo sí es sí'.
En este asunto sí ha habido consenso y se ha respaldado de forma unánime el informe del anteproyecto de ley para reformar la tipificación de los delitos sexuales. El documento cuestiona grandes ejes de la propuesta y recuerda que, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto. El dictamen (del que han sido ponentes los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda) explica que el problema que plantea el consentimiento no es conceptual sino probatorio, es decir, demostrar que no existió aprobación de la víctima. Los juristas entienden que esta propuesta no logrará evitar la victimización secundaria a la par que cuestionan también que se absorba el delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.
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