CGPJ propone víctimas delitos graves sean oídas en la ejecución de las penas

Madrid, 31 ene.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto que las víctimas de los delitos más graves sean oídas antes de la suspensión o la sustitución de las penas de cárcel para los culpables, tras emitir su informe sobre el anteproyecto de ley del Estatuto de las Víctimas.

Con 13 votos a favor y ocho en contra, -siete de estos con votos particulares- el órgano de gobierno de los jueces ha hecho algunas sugerencias al Ejecutivo sobre el Estatuto de las Víctimas, en una jornada en la que han analizado también los anteproyectos de Asilo y Servicios. En ninguno de los tres ha puesto en cuestión su constitucionalidad.

El Consejo indica que la opinión de las víctimas, aun no siendo vinculante, posee "una especial importancia" tanto para la adopción de la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad como para el establecimiento de los deberes u obligaciones del penado, según ha informado hoy el Poder Judicial.

El informe al Estatuto de las Víctimas de Delito aboga también por que se reconozca a los menores como víctimas directas de la violencia de género ejercida sobre sus madres.

En relación al Reglamento de la ley reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, el pleno del Poder Judicial propone ampliar la asistencia letrada a los solicitantes.

Entre sus propuestas, figura que, junto al listado de las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios de asistencia letrada en la protección internacional, el Reglamento incluya una referencia a los colegios de abogados, ya que si el solicitante carece de medios podrá acceder a la Justicia gratuita.

Recomienda, además, que se reconsidere "la exigencia del carácter individualizado de la persecución", por entender que puede imposibilitar la prueba en supuestos de persecución por pertenencia a un grupo o colectivo.

En el caso de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, el tercero de los anteproyectos informados, los vocales del Consejo señalan que no es aceptable que, de modo generalizado, un letrado pueda ejercer las labores de abogado y también de procurador al mismo tiempo.

Por ello, defienden el mantenimiento de la incompatibilidad de las funciones de abogado y de procurador al advertir de "la confusión que puede generarse en torno a la figura del procurador".

El informe de esta norma ha sido respaldado por la totalidad de los miembros del Pleno, si bien tres vocales han anunciado la formulación de un voto concurrente, mientras que el Reglamento de Asilo ha sido aprobado por unanimidad.

Por otro lado, el pleno del Poder Judicial reunido hoy ha efectuado varios nombramientos, los primeros desde que se renovó a sus integrantes y, así, ha nombrado hoy al magistrado Francisco Marín Castán nuevo presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, en lo que constituye el primer nombramiento del actual órgano de gobierno de los jueces, acordado por 16 votos a cinco.

Marín, que sustituirá a Juan Antonio Xiol (actualmente en el Tribunal Constitucional), es miembro destacado de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y desempeñaba en la actualidad la presidencia en funciones de la citada Sala del Supremo por ser el magistrado de la misma con más antigüedad.

Nacido en 1952, ingresó en la carrera judicial en 1977; desde 1982 a 1991 fue magistrado en la Audiencia Provincial de Huelva, y después ocupó plaza en la Audiencia de Madrid.

Además, Inés María Huerta Garicano ha sido nombrada nueva magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con lo que son ya diez las mujeres que ocupan plaza de magistrada en el alto tribunal.

Junto a ello y, tal y como estaba previsto, el Poder Judicial ha nombrado hoy al magistrado del Tribunal Supremo Antonio Jesús Fonseca-Herrero nuevo promotor de la acción disciplinaria, cargo de nueva creación que tendrá la iniciativa acusadora en los expedientes sancionadores abiertos a los jueces.

Por otra parte, la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Esperanza Córdoba Castroverde, ha sido nombrada jefa del servicio de inspección.