El acuerdo para renovar el CGPJ ha estado cerca pero ha naufragado a última hora. Han sido diez días de intensas negociaciones, entre el miércoles 17 en el que Pedro Sánchez descuelga y llama a Pablo Casado y el jueves 25 en el que todo se trunca. Entre medias ha habido reuniones secretas en diferentes puntos de Madrid (un hotel, por ejemplo), un teléfono rojo que ha sonado constantemente, un intercambio fluido de propuestas y un malestar palpable en todos los equipos por el desenlace final. El pacto de Estado estuvo prácticamente hecho y los equipos, incluso, prevenidos para anunciarlo. Pero no ha podido ser, al menos de momento. Diferentes fuentes implicadas en los contactos reconstruyen para La Información lo ocurrido en estas doscientas cuarenta horas de tensión.
Todo comenzó el día 17 miércoles por la tarde, con la llamada de Sánchez y Casado. El acuerdo fue delegar en Félix Bolaños y Teodoro García Egea, hombres de su máxima confianza, la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Enseguida se pusieron manos a la obra. Conectaron pronto. Bolaños negoció en todo momento en nombre del Gobierno de coalición. El PP lo aceptó desde el principio, siempre y cuando Unidas Podemos no interviniera directamente en las conversaciones. Los dos emisarios decidieron mantener un contacto permanente y así ha sido durante los diez días de marras.
Bolaños y García Egea también acordaron que sus reuniones presenciales serían en lugares discretos, alejados de Moncloa y de Génova. Según una fuente, escogieron, por ejemplo, un reservado de un discreto hotel de Madrid, algo que recuerda a la negociación de la investidura que mantuvo el PSOE con ERC y que se desarrolló en el NH Manzanares. Otra fuente apunta a "lugares públicos y discretos". En estas ubicaciones, alejadas de miradas curiosas y cuya ubicación nadie quiere desvelar, los negociadores de Sánchez y Casado fueron avanzando, día tras día. Hablaron de una presidenta para el CGPJ, del reparto para cada partido en base a su representación parlamentaria e, incluso, contemplaron la posibilidad de dar entrada al PNV.
Bolaños y García Egea acordaron que sus reuniones presenciales serían en lugares discretos, alejados de La Moncloa y de Génova
Ellos ejercieron la punta de lanza pero doce personas más han estado al tanto de las conversaciones. Catorce en total son los implicados en la primera línea. Por parte de Moncloa han participado Sánchez, Iván Redondo, el citado Bolaños, Francisco Salazar, el adjunto de Redondo en el gabinete, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. La vicepresidenta Carmen Calvo también ha conocido los movimientos, aunque no ha estado en primera línea. Casado, por su parte, ha contado durante estos días con el apoyo de su secretario general, de su jefe de gabinete, Pablo Hispán, y del consejero de Justicia madrileño y responsable del área en Génova, Enrique López. Unidas Podemos, por su parte, que ha tratado directamente con el PSOE, ha contado en la 'pomada' con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a Juanma del Olmo y a Enrique Santiago. Y, por último, por parte del PNV han intervenido Aitor Esteban y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.
El miércoles fue un día clave. La negociación acabó a altas horas de la noche, en torno a las 2 de la madrugada, cerrando el consejo de administración de RTVE. El martes ya venían de dormir poco y el jueves los negociadores tampoco pegaron mucho ojo. Uno de ellos afirma que unas "tres horas" de media. Para renovar la televisión y radio públicas no hubo vetos. Cada partido propuso sus nombres y todos aceptaron. No hubo críticas a la ideología de los candidatos lo que anticipaba un acuerdo también positivo para el CGPJ. Todo marchaba bien y los equipos pensaron incluso en cómo anunciarlo. Se llegó a barajar la posibilidad de una presentación solemne del acuerdo en el Congreso, con Sánchez y Casado de protagonistas.
Pero el miércoles, una vez anunciado a primera hora el acuerdo para RTVE, todo cambió. El PP transmitió que no aceptaba a dos jueces propuestos por Unidas Podemos y que el PSOE llevó a la mesa negociadora desde el principio: José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. El primero fue uno de los magistrados que juzgó la primera época de la trama Gürtel en la que se acreditaba la existencia de una 'caja B' en Génova. La consecuencia política de la condena al PP como partícipe a título lucrativo fue la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. La segunda es la actual delegada del Gobierno para la violencia de género. Desde ese momento la negociación se complicó y el lado gubernamental reaccionó con el veto a los jueces Alejandro Abascal y María Tardón (ambos en la Audiencia Nacional) además del presidente del TC , Juan José González Rivas, propuestos todos por el PP.
Sánchez no quiere vetos y defiende a sus socios en el Gobierno. Desde el PSOE responden que De Prada es un magistrado de larga trayectoria y un perfil profesional acreditado. También defienden que el Tribunal Supremo corroboró íntegramente esa sentencia de Gürtel en la que participó De Prada y la condena a la formación popular por la red que lideró Correa. Añaden que si el PP de Casado quiere demostrar realmente que rompe con el de Mariano Rajoy y su pasado en los tribunales éste sería un gesto evidente.
El miércoles, una vez anunciado el pacto para RTVE, todo cambió. El PP transmitió que no aceptaba a dos jueces propuestos por Podemos: De Prada y Rosell
En el PP tienen otra visión de lo ocurrido en las últimas horas. Consideran que De Prada no puede ser elegido como vocal entre los juristas ni cuenta con los avales para ello. Por tanto, añaden, se trata de "un fraude de ley" al intentar entrar en el CGPJ "por la puerta de atrás" y "sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros". Desde las filas populares, dicen que no están por la labor de aceptar la candidatura del magistrado que inclinó la balanza a favor de su condena por haberse beneficiado de la trama Gürtel. Incluso, una fuente recordaba ayer que De Prada llegó a afirmar que en España "la tortura se ha producido de manera clara". Sobre Rosell aseguran que no van a permitir una "puerta giratoria" desde el Gobierno al CGPJ.
Polémica con la elección para la Presidencia
También ha habido cambios en el pacto sobre la presidencia del órgano de gobierno de los jueces. El PSOE ha querido desde un primer momento que, por primera vez en la historia del Supremo, sea una mujer quien ocupa el puesto. Los nombres que se pusieron sobre la mesa contaban con el respaldo del PP. Ana Ferrer, Lourdes Arastey y Pilar Teso. Las tres importantes magistradas del alto tribunal y de perfil progresista moderado. Esta última –que integra la Sala que estudia los recursos contra las decisiones del Ejecutivo- se perfilaba como la propuesta perfecta hasta que esta semana el PP contratacó proponiendo al citado presidente del Constitucional. Precisamente el tribunal de garantías es uno de los órganos que también se encuentra pendiente de renovación desde que expirara el mandato de más de un tercio de sus magistrados hace 15 meses. Entraba en el paquete que estaban negociando socialistas y popular.
El PSOE no va a ceder en este punto. La Presidencia del CGPJ será para un vocal designado por el Gobierno. No obstante, existe margen de maniobra. Cabe recordar que el Tribunal Supremo sigue sin vicepresidente. Esta figura, que se creó hace solo ocho años, sigue vacante tras la jubilación de Ángel Juanes, curiosamente primer y último 'número dos' del alto tribunal. Aunque sus funciones no se extrapolan al CGPJ y, por tanto, no entra de manera directa en la negociación, no deja de ser un puesto clave cuya votación sí llevarán a cabo los vocales que se elijan para el nuevo consejo. Entre ellos estarán, si no hay una nueva vuelta de tuerca, los candidatos que parecen gustar a los dos partes. Algunos nombres vienen de lejos y ya sonaban en las quinielas de 2018, cuando la filtración de un mensaje de Ignacio Cosidó hizo saltar por los aires una renovación que muchos daban por cerrada.
Entre esos nombres se encuentran, Gemma Espinosa (exdirectora de la Escuela Judicial Española y mujer de Pablo Llarena); Gabriel de Diego (decano de los procuradores de Madrid); José Antonio Montero e Inés Huerta (ambos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo) por parte del PP y, a propuesta del PSOE: Inmaculada Montalbán (expresidenta del del Observatorio contra la Violencia de Género y magistrada del TSJ de Andalucía) y Esther Erice (presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra).
Malestar entre los jueces
Mientras tanto en el CGPJ asisten perplejos al enésimo giro de los acontecimientos. Fuentes del Consejo explican que el estallido de las negociaciones les pilló totalmente por sorpresa. Algunos incluso lo recibieron en forma de mensaje en la madrugada del jueves al viernes. La realidad es que los vaivenes políticos también le están pasando factura, ya que provocaron una potente división en relación a los nombramientos. En diciembre, y en vista de que el acuerdo estaba lejos, el Pleno lo tuvo claro y sacó adelante una veintena de convocatorias relativas a plazas que se quedaban sin cubrir. Sin embargo, este lunes el escenario era diferente. El acuerdo político parecía una realidad y, por ello, Lesmes decidió congelarlos por tercera vez en dos años. El presidente del CGPJ dio un paso atrás a la espera de la concreción del acuerdo y retiró del orden del día la nueva tanda de elecciones de jueces. Esa decisión, sin embargo, no gustó a un grupo de vocales que le obligaron a rectificar presentando un escrito ese mismo día.
Resulta paradójico que, al margen de este episodio concreto, las discrepancias políticas entre PSOE y PP han provocado unidad entre vocales progresistas y conservadores. Prueba de ello es el respaldo mayoritario que han tenido las últimas elecciones de jueces (algunas en Salas clave del Tribunal Supremo). Los veinte integrantes del Pleno llegaron a un pacto no escrito según el cual seguirían con los nombramientos pese a estar en funciones, pero solo sacarían adelante los que se obtuvieran por mayoría. De este modo alcanzaron en la gran mayoría de las veces consensos de 18 votos frente a dos. Llama la atención también el acuerdo por unanimidad sobre la Ley Montero. En plena trifulca política, los 20 miembros del Pleno y su presidente respaldaron en bloque el informe que cuestionaba los puntos clave del anteproyecto de la ley bautizada como 'sólo sí es sí'. Vocales consultados por este medio explican que se trata de una buena muestra de que llevan más de dos años intentando mantenerse al margen de la mano política y defendiendo su trabajo hasta las últimas consecuencias. "El Consejo está por encima de todas estas cosas", añaden.
La consecuencia de este escenario es que la negociación ha entrado en un punto de no retorno. El CGPJ lleva desde diciembre de 2018 en funciones y la solución, en este momento, no es sencilla. Ambas partes aseguran que no van a descolgar el teléfono y que debería ser el contrario quien abandone el bloqueo. Un negociador concluye que la oportunidad es histórica y que sino hay avances a principios de la próxima semana el acuerdo será cada día más complicado. Sánchez no ha querido desvelar su próximo movimiento si continúa el bloqueo pero la reforma de la ley para cambiar a mayoría simple en segundo vuelta en sistema de elección sigue metida en el congelador.
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