Moncloa congela la renovación del CGPJ por el 'no' del PP al juez del caso Gürtel

"De momento no va a haber más llamadas, la pelota está en el lado del PP". Así definen fuentes gubernamentales la situación en la que se encuentran las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el equipo de Pablo Casado, por su parte, asegura que la responsabilidad se encuentra en el PSOE, que debe decidir si descongela las conversaciones o no. El motivo principal de discordia es un nombre: José Ricardo de Prada. Fue uno de los jueces que redactó la sentencia del caso Gürtel en la que se acreditaba la existencia de una 'caja B' en Génova. La consecuencia política fue la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez en La Moncloa. Ahí se encuentra el pulso en este momento.

De Prada es uno de los nombres que el PSOE ha llevado a la mesa de negociación propuesto por Unidas Podemos. Pero el PP lo veta, confirman fuentes tanto socialistas como populares. También dice 'no' a cualquier candidato propuesto por los morados. Y es en ese punto donde se han bloqueado las negociaciones de un acuerdo que hasta este jueves se encontraba prácticamente cerrado. Luego surgió el "veto cruzado" de la parte socialista, impulsada también por Podemos, al magistrado Alejandro Abascal por su, dicen, cercanía a la cúpula del PP y por formar parte de un juzgado que investiga un caso que en este momento afecta al PP: Villarejo.

Desde el PSOE responden que De Prada es un magistrado de larga trayectoria y un perfil profesional acreditado. Así se lo hicieron saber al PP en las conversaciones de este mismo jueves, cuando todo se truncó. Los socialistas defienden que el Tribunal Supremo corroboró íntegramente esa sentencia de Gürtel en la que participó De Prada y la condena al PP. Añaden que si el PP de Casado quiere demostrar realmente que rompe con el de Mariano Rajoy y su pasado en los tribunal este sería un gesto evidente.

Los socialistas defienden que el Tribunal Supremo corroboró íntegramente la sentencia del caso Gürtel en la que participó De Prada

En el PP, evidentemente, tienen otra visión. Consideran que De Prada no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido los avales para ello. Por tanto, añaden, se trata de "un fraude de ley" al intentar entrar en el CGPJ "por la puerta de atrás", por el turno de juristas y "sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros". Desde las filas populares, añaden, no están por la labor de aceptar la candidatura del magistrado que inclinó la balanza a favor de su condena como responsable civil subsidiario de la trama Gürtel. 

El PP también veta a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género. La situación es límite y el PSOE no cede en este punto. Como alternativa, se planteó esta semana incluir dos perfiles progresistas, pero de tono más moderado que contenten a las dos partes. Los nombres que se pusieron sobre la mesa son los del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Ignacio Espinosa y el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona José María Fernández Seijo. Ambos son miembros de la Asociación Juezas y Jueces para la democracia y cuentan con el aval de los equipos negociadores.

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Aunque a principios de semana el pacto parecía una realidad, la situación se tensó a partir del miércoles hasta llegar a un punto de estancamiento que recuerda al sufrido en verano del año pasado. En este caso hay que tener en cuenta que la negociaciones que ahora mismo dirigen Moncloa y Génova no se ciñen exclusivamente al CGPJ. También se mantiene el diálogo en relación a la renovación del Tribunal Constitucional (pendiente de renovación desde noviembre de 2019), el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. En lo que respecta a este último órgano el consenso parece cerrado a favor del actual portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid y exministro, Ángel Gabilondo.

PSOE y PP también tenían hasta este jueves discrepancias sobre el magistrado que debería ocupar la Presidencia del CGPJ como sustituto de Carlos Lesmes. Los socialistas han propuesto a Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso, que se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo. Sin embargo, el PP considera que el puesto lo debe ocupar un perfil de consenso. Su propuesta es la del actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que participó el pasado martes en la comida con el Rey que organizó la presidenta del Congreso con motivo del acto de aniversario del 23-F en la Cámara baja. También se encuentra en la lista nombres como el de Ana Ferrer y el de Lourdes Arastey.

Las conversaciones, en definitiva, se encuentran en este momento en punto muerto y ello pese a que a principios de semana confiaban tener el acuerdo sellado dando impulso por fin al cambio de un órgano que lleva desde diciembre de 2018 caducado. La preocupación en el órgano que todavía preside Carlos Lesmes va en aumento y las discrepancias aumentan a tenor de los vaivenes políticos. A principios de semana el también presidente del Tribunal Supremo decidió que no iban a estudiar los últimos nombramientos en el Pleno del jueves. Entendió que procedía retirar estas designaciones del orden del día ante un pacto que parecía inminente. Sin embargo, un grupo de ocho vocales presentó un escrito pidiendo que sí se hicieran nombramientos en la reunión. Ello obligó a Lesmes a incluirlos en la sesión aunque finamente el pasado jueces optaron por una tercera vía: congelarlos una semana y estudiarlos en una Pleno extraordinario del próximo jueves.

Este es el ambiente bajo el que ha desarrollado la negociación PSOE-PP con Félix Bolaños y Teodoro García Egea al frente. Llevaban martes, miércoles y jueves en contacto y ayer dieron por interrumpidos los contactos que, como decimos, han sido ya al más alto nivel, por encima del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del área popular, Enrique López.