La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado conocimiento este jueves del documento de trabajo definitivo que contiene todas las medidas organizativas y procesales que se llevarán a cabo en el marco de su plan de choque en la Administración de Justicia cuando acabe el estado de alarma decretado por la Covid-19, con una novedad notable: ha sacado del planteamiento inicial que hizo hace ahora un mes la propuesta de trabajar en el mes de agosto, fuertemente rechazada por abogados y procuradores, con la excusa de que es algo que ya se propone en el decreto que ha aprobado el Ministerio de Justicia.
Cabe recordar que los jueces fueron los primeros en elaborar un plan de choque para desatascar la Justicia ante la avalancha de demandas que se van a producir cuando se calme la crisis del coronavirus, y ya entonces proponían declarar hábiles las tardes y el mes de marzo para celebrar jucicios y otros actos de la Administración de Justicia. Un mes después, y tras la polémica y el fuerte rechazo cosechado por esa medida, para la que se prevén incluso protestas de abogados y procuradores, el CGPJ aprovecha el movimiento del ministro Juan Carlos Campo, para rectificar su documento y sacar esa idea, aunque solo sea de un forma testimonial. Habilitar agosto en el ámbito jurídico puede ser una de las cuestiones que se demanden, si tenemos en cuenta que hay varios juristas ilustres que ya han advertido que esa opción supone cambiar una ley orgánica (la del Poder Judicial) con un real decreto-ley, y eso puede ser inconstitucional.
Este nuevo documento de 539 páginas que reúne 115 propuestas, incluye hasta 36 modificaciones sobre propuestas contempladas en el anterior borrador. Además, según explica el CGPJ en un comunicado, se han eliminado 22 medidas por las objeciones recibidas-como la habilitación del mes de agosto- y se han incorporado hasta 29 nuevas propuestas, informa Europa Press.
Ahora, el órgano de gobierno de los jueces trasladará este documento al Ministerio de Justicia, a los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, a las asociaciones judiciales, al Consejo General de la Abogacía, al Consejo General de Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
Según explican desde el CGPJ, este plan de choque pretende evitar el colapso de la Justicia cuando se reanude la actividad y agilizar al máximo la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. También busca "proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de las cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente", detallan.
Un proceso participativo
Destacan que el texto es fruto de un proceso participativo que se abrió a partir del primer documento de trabajo que la Comisión Permanente vio el pasado 8 de abril y que fue elaborado bajo la supervisión del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, por los distintos equipos técnicos de cada orden jurisdiccional. Desde el CGPJ apuntan que tras dar traslado de ese primer documento a los órganos de gobierno de los tribunales, las asociaciones judiciales, los operadores jurídicos, las administraciones públicas y asociaciones y entidades diversas, estos han hecho llegar sus observaciones para esta segunda redacción.
En concreto, agradecen la labor de enriquecimiento del texto a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, a los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, a las distintas Audiencias Provinciales, a jueces de lo Mercantil y de Familia y a la promoción 69 de la Carrera Judicial.
También han aportado a este documento la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Demo cracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI), y los distintos operadores jurídicos, desde el Consejo General de la Abogacía Española hasta procuradores y graduados sociales, pasando por representantes de las administraciones públicas como la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
El resultado, dicen, es un documento que incluye hasta siete propuestas más que el primer borrador, pasa de 108 a 115 medidas. Entre ellas hay 7 de carácter general, 40 para el orden jurisdiccional civil (23 de ellas referidas a Mercantil), 12 para el penal, 19 para el contencioso-administrativo y 37 para el orden social.
El CGPJ sumará a este documento de medidas otros cuatro con propuestas para la solución extrajudicial de conflictos, la protección de los colectivos especialmente vulnerables, las medidas tecnológicas y la formación de la Carrera Judicial.
El órgano de gobierno de los jueces señala que el objetivo ahora es que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debata y apruebe, en su caso, los criterios generales que informan las propuestas de reformas normativas incluidas en esos documentos de trabajo, así como las medidas organizativas que sean competencia del órgano de gobierno de los jueces.
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