China abre la puerta al esperado fin de los campos de reeducación

Antonio Broto

Pekín, 7 ene.- Tras varios casos de polémicas detenciones que generaron oposición hasta en el seno del régimen, el Partido Comunista de China ha abierto hoy la puerta al fin, este año, de los controvertidos campos de reeducación, algo que ha sido recibido con moderado optimismo por organizaciones de derechos humanos.

El nuevo máximo responsable de seguridad del Partido Comunista de China (PCCh), Meng Jianzhu, uno de los ascendidos en el reciente relevo de la cúpula, anunció hoy que el régimen dejará de usar estos centros (unos 350 en la actualidad), que desde su creación en 1955 han privado de libertad a 160.000 personas según cifras oficiales.

Meng, responsable de la Comisión Política y Legislativa del Partido desde noviembre (mes en el que el PCCh relevó sus principales cargos), hizo este anuncio en una reunión con responsables judiciales de todo el país celebrada hoy, según señaló uno de los asistentes al diario "South China Morning Post".

"Los comentarios del secretario Meng están impregnados de un nuevo espíritu, muestran el progreso que nuestra sociedad ha hecho", aseguró la misma fuente, sin identificar por el diario.

La agencia oficial Xinhua, con tono más neutral, ha señalado únicamente que China "reformará este año el sistema", pero el diario independiente hongkonés se ha mostrado más optimista, asegurando que el país "pasa página a un oscuro capítulo de su Historia".

Por parte de las organizaciones de derechos humanos, Nicholas Bequelin, investigador de Human Rights Watch, señaló a Efe que la noticia, de confirmarse, "sería una mejora en derechos humanos sin discusión", aunque se mostró prudente y señaló que aún está por ver si estos campos serán realmente abolidos o simplemente se cambiarán por una fórmula más "suave" y aceptable por la opinión pública.

Una portavoz de Human Rights In China, por su parte, se mostró partidaria de esperar acontecimientos antes de dar por terminado el sistema de detenciones.

De confirmarse, en todo caso, el final de estos campos de reeducación, conocidos como "laogai" en China, podría ser votado y aprobado en el plenario anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) del próximo mes de marzo, el mismo en el que se relevará a los actuales jefes de Estado y Gobierno del régimen.

En los campos de reeducación suelen cumplir condena desde hace más de medio siglo detenidos sin juicio previo, por lo que fueron usados durante décadas contra disidentes, peticionarios y "alborotadores".

En los últimos años, y tras varios casos de "reeducados" que conmovieron a la sociedad china, las llamadas de la ciudadanía y hasta en el seno del Partido Comunista a que terminara este sistema se han multiplicado.

El caso que abrió dentro de China el debate sobre un sistema que en el extranjero era criticado durante décadas fue el de Tang Hui, una mujer cuya hija menor de edad fue violada y forzada a prostituirse durante años.

Descontenta con el castigo a los que vejaron a su hija, Tang protestó públicamente por lo que consideraba un intento de la Policía de defender a las mafias de la prostitución, tras lo cual fue condenada por "disturbio social" a un año y medio de reeducación en verano de 2012.

La condena causó una ola de críticas en las redes sociales chinas e incluso protestas en artículos de la principal publicación comunista, "Diario del Pueblo", por lo que Tang acabó siendo puesta en libertad a los pocos días.

A lo largo de la historia de la República Popular, los "laogai" se han utilizado como centro de detención de individuos "molestos" para el régimen pero a los que las autoridades no podían endosar un delito, desde los intelectuales en las campañas contra "derechistas" de 1957 hasta muchos de estudiantes de Tiananmen en 1989.

En la última década, los campos de reeducación también se utilizaron para encerrar a "ciberdisidentes" (críticos del Gobierno a través de blogs y webs), padres que quebrantaron la política de "un sólo hijo" o miembros del movimiento espiritual Falun Gong, prohibido por Pekín en 1999.

Las organizaciones de derechos humanos doblan el número de personas que han cumplido penas de cárcel en ellos en 300.000, y señalan que muchos de los campos se encuentran en emplazamientos secretos.

El pasado año, la periodista estadounidense Melissa Chan, de Al Yazira, logró entrar en uno de ellos para rodar un reportaje de la televisión árabe, y poco después tuvo que dejar China al no serle renovado el visado, en la primera expulsión de Pekín contra un periodista extranjero en 14 años.

China firmó en 1998 la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que prohíbe los trabajos forzados.