La macrocausa 'Púnica' estalló en octubre de 2014 y a día de hoy sigue teniendo líneas de investigación abiertas. Una de ellas es la relativa a la presunta financiación irregular del PP de Madrid en la que se encuentran imputados los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González o el exsecretario general de los 'populares' madrileños Francisco Granados. El fin de la instrucción de esta novena pieza separada se ha ido prolongando en los últimos meses, si bien frente a la advertencia que lanzó la Fiscalía Anticorrupción sobre que no pediría más prórrogas, se posiciona la acusación popular ejercida por Adade, una asociación de abogados vinculada al PSOE, que insta al magistrado instructor a seguir profundizando en la contabilidad del partido tras la documentación que aportó Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda condenado por su participación en la trama Gürtel.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó a finales del pasado mes de octubre ampliar otros tres meses -es decir hasta el 29 de enero de 2022-la instrucción sobre una presunta caja 'b' en el PP de Madrid, aunque esa no era el plan inicial. No obstante, el magistrado tuvo que cambiar de criterio debido a que se vio obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a tomar declaración a siete investigados y dos testigos. A ello se sumó que la misma Sala tenía pendiente resolver los recursos contra la formación de la pieza separada número 13, después de que Guillermo Ortega aportara una serie de facturas de su etapa como gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo que acreditarían "un sistema de facturación impuesto" para "satisfacer necesidades económicas" de la formación política madrileña que lideraba Aguirre.
Así, el pasado mes de mayo, el juez decidió crear una nueva pieza para poder investigar con tranquilidad el desvío de fondos públicos denunciado por el exalcalde 'popular', apodado por la red 'Gürtel' como 'el Rata'. El objetivo era no perjudicar el fin de la instrucción de la novena línea de investigación de la 'Púnica', que desde hace meses considera que está "agotada". Sin embargo, la Sala de lo Penal dio un vuelco a la idea original y, en un auto del pasado 1 de diciembre, ordenó al magistrado instructor incluir en la investigación que ya estaba abierta sobre la presunta financiación irregular todas las diligencias relacionadas con la facturas de Guillermo Ortega. Entre ellas, el informe de análisis de dicha documentación que el juez pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que aún no ha sido entregado.
Posibilidad de nuevos interrogatorios
Por este motivo, y debido a que la última prórroga está a punto de vencer, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), "bajo cuya coordinación actúa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)", ha pedido al juez García Castellón que mantenga la investigación abierta, al menos, otros seis meses. Así consta en un escrito con fecha del pasado 16 de enero, al que ha tenido acceso La Información, en el que alega que una vez se conozcan las conclusiones de la UCO, cabría la posibilidad de practicar nuevos interrogatorios tanto de investigados como de "otras personas que hasta el momento no han sido llamadas".
Para la asociación de abogados "carecería por completo de sentido" que el juez "no impulse decididamente la investigación" cuando ocho meses antes justificaba la apertura de una pieza separada en el material que había aportado Ortega. Asimismo, recuerda al juez que en la última prórroga también acordó anexionar parte de la documentación que obra en el caso 'Lezo', algo que, según indica, aún no ha tenido lugar.
La advertencia de Fiscalía
Fuentes fiscales consultadas por este diario coinciden con la acusación popular en la posibilidad de solicitar la práctica de nuevas diligencias tras conocerse el informe de la UCO, si bien insisten en que ya en octubre del año pasado, cuando las partes tuvieron que informar sobre la pertinencia de la última prórroga, el Ministerio Público anunció que no pediría más ampliaciones, salvo cambios de última hora. En este sentido recuerdan que en ese momento ya se tenía constancia de la denuncia de Guillermo Ortega y que ello no cambiaba todos los indicios que se han recabado durante los más de siete años de instrucción judicial. De hecho, el escrito que entonces presentó Anticorrupción afirma que todas las pruebas que obran en el sumario de la causa permiten realizar un informe "razonado, motivado e individualizado" de cada uno de los investigados.
Así las cosas, fuentes jurídicas cercanas a la macrocausa señalan que la espera del informe policial no impide que el procedimiento quede cerrado, ya que no existe ningún impedimento para que éste llegue después. En esta línea, destacan que el magistrado ya ha avanzado en varias resoluciones que existen suficientes indicios para decidir a qué investigados propone juzgar y con respecto a quién archiva el caso. De hecho, recuerdan que la Sala de lo Penal hace casi un año, en febrero de 2021, ya hizo un llamamiento al instructor para "no demorar por más tiempo la conclusión de la que llaman pieza separada número 9".
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