Cicig desnuda sistema de justicia de Guatemala al acusar jueces de corrupción

Carlos Arrazola

Guatemala, 29 nov.- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que es auspiciada por la ONU, desnudó hoy el precario sistema de Justicia de este país centroamericano, al acusar a 18 jueces de corruptos, de favorecer al crimen organizado y de fomentar la impunidad en el país.

Los jueces señalados, dijo a Efe el fiscal costarricense Francisco Dall'Anese, jefe de la Cicig, han incurrido en los delitos de prevaricación, colusión (corrupción) y abuso de autoridad, al emitir fallos en los procesos judiciales que han resuelto.

"Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios al derecho, violaron la ley y favorecieron redes criminales", señaló Dall'Anese.

El informe que contiene las denuncias, denominado "Los jueces de la impunidad", fue entregado el miércoles a la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, a quien la Cicig le pidió procesar a los señalados para que respondan por sus supuestos vínculos con las estructuras criminales que han favorecido.

La Cicig, un organismo de las Naciones Unidas que desde 2007 colabora con el Estado de Guatemala en el combate de las estructuras criminales que fomentan impunidad, elaboró durante 18 meses un informe en el que analiza de forma exhaustiva los fallos emitidos por los 18 jueces en diversos casos de tipo penal.

En el accionar de los jueces, la Cicig halló deficiencias en las decisiones judiciales al admitir o rechazar pruebas, valoración errónea o fragmentada de éstas; atribución ilegal de competencia, celebración de audiencias de manera contraria a la ley, y permisividad en el uso malicioso de amparos y otros recursos para retardar los procesos, entre otros.

Dall'Anese dijo que confían en que la fiscal general inicie las denuncias y procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que le sea retirada la inmunidad a los jueces señalados y sean procesados por los supuestos delitos cometidos.

"Hay suficientes evidencias de que (los jueces) han favorecido al poder corrupto y las estructuras criminales", señaló.

Sin embargo, aclaró que no se tienen evidencias de que los jueces señalados formen parte de esos grupos criminales ni a cambió de qué emitieron los fallos cuestionados.

"La pelota está ahora en la cancha de la Fiscalía. Estamos pidiendo que se abran causas penales y que se dicte prisión a estos jueces", señaló el jefe de la Cicig.

El informe señala directamente a los jueces Mario Fernando Peralta Castañeda y Rossana Maribel Mena Guzmán, de "haber sido captados por estructuras criminales", y a Julio Gerónimo Xitumul, Irma Leticia Valenzuela, Patricia Anabella Veras y Coralia Carmina Contreras de "favorecer la impunidad".

Los magistrados Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tanchez, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán y Byron de la Cruz, son señalados de "favorecer estructuras criminales que adversan la presencia de la Cicig en Guatemala".

La Cicig acusa de dictar fallos "que han favorecido a personas vinculadas al poder corrupto" a los jueces Dina Josefina Ochoa Escribá, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, y Amílcar Enrique Colindres Hernández.

Además, señala a los jueces Verónica Galicia Marroquín y José Eduardo Cojulún, de emitir "resoluciones que han favorecido a un poder difuso".

El jefe de la Cicig podría constituirse como querellante adhesivo (acusador) en los procesos judiciales que se inicien en contra de los jueces señalados, "para detener la impunidad" que éstos han fomentado.

"Esta no es una denuncia que quedará en los archivos. Es una denuncia a la que vamos a dar seguimiento" hasta que se haga justicia, agregó.

Dall'Anese subrayó que no espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia apoyen o rechacen el informe, sino que "apliquen la ley apegados a derecho", aunque advirtió que se corre el riesgo de que los jueces señalados y otros "aún no mencionados" cierren filas.

"Los casos presentados son apenas una muestra de problemas que desde hace décadas deslegitiman al sistema de justicia y niegan a los guatemaltecos una solución pacífica de conflictos sociales", agregó el jefe de la Cicig, al advertir que "podría haber un segundo informe" que incluya a otros jueces.