Guatemala, 12 oct.- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) recomendó al Gobierno prohibir la participación de militares en asuntos policiales, tras la muerte de al menos seis indígenas durante una protesta el pasado 4 de octubre en el noroeste del país, informó hoy una fuente oficial.
En una carta enviada al presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, el comisionado de la Cicig, el costarricense Francisco Dall'Anese, asegura que la institución ha sido respetuosa, pero a la vez crítica, de la participación del Ejército en asuntos de naturaleza policial.
La carta de Dall'Anese, fechada el 11 de octubre, aparece publicada hoy en la página de la Cicig en internet.
En opinión de Dall'Anese, los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden, y como consecuencia lógica de ello, "es que el Ejército debe ocuparse de la seguridad del país frente a ataques de una potencia extranjera y nunca de la seguridad ciudadana".
El comisionado de la Cicig, un organismo de la ONU, sostiene en la misiva que "la Policía es la única institución legitimada para emplear la fuerza, en la medida necesaria, contra la población civil".
Según Dall'Anese, "es natural que la Policía disuelva manifestaciones violentas con el uso de escudos, chalecos, cachiporras, gases lacrimógenos, agua a presión y otras formas que minimizan los daños a las personas; nunca con armas de fuego".
"Cuando se involucra a militares en operativos policiales, son usuales las muertes y lesiones a personas, contrario a lo que pasa cuando son los policías quienes atienden cualquier evento donde la afectación a la vida e integridad física de las personas son la excepción", apunta.
Agrega que en el caso de Totonicapán, en el noroeste del país, no solo murieron ciudadanos en ejercicio de la libertad de manifestación, sino que el problema político original se ha agudizado.
La atención de asuntos criminales y de orden público, no se constituye en el desafío militar de "vencer o morir" sino en el objetivo policial de recuperar los espacios de libertad, señala la misiva.
La Cicig sugiere al Gobierno promover una reforma que prohíba toda participación de militares en asuntos de naturaleza criminal y policial.
También reafirma su compromiso de contribuir a fortalecer a la Policía preventiva y de investigación para consolidar una democracia respetuosa de los derechos fundamentales.
El Ejército guatemalteco participa en operativos de seguridad ciudadana junto a la Policía Nacional Civil desde 2000.
Sin embargo, a raíz de las muertes durante la protesta, el pasado 4 de octubre, el presidente anunció que prescindirá del Ejército para disuadir las manifestaciones públicas.
Un coronel y ocho soldados fueron capturados ayer a petición de la Fiscalía, que los acusa de los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, por la muerte de al menos seis campesinos indígenas en la manifestación en el noroeste del país.
Los hechos se registraron en el lugar conocido como Cumbre de Alaska cuando miles de pobladores del departamento de Totonicapán protestaba contra el alza de la energía eléctrica y las reformas constitucionales que promueve Pérez Molina.
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