CIDH acusa a Venezuela de imponer censura previa a los medios de comunicación

Washington, 31 ago.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó hoy la detención de periodistas en Venezuela y la prohibición de publicaciones críticas con el Gobierno, al que acusó de imponer censura previa a los medios.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH lamentó la detención, encarcelamiento y proceso penal de varios periodistas del semanario Sexto Poder, cuya circulación fue prohibida el 20 de agosto debido a un fotomontaje satírico sobre seis altas funcionarias, pero fue revocada esta semana.

También se refirió al caso del exgobernador del estado Zulia y precandidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz, que fue condenado a dos años de prisión, con el beneficio de libertad condicional, por el delito de "difusión de información falsa" debido a comentarios realizados en una entrevista televisiva, sobre la supuesta presencia del narcotráfico y grupos armados en Venezuela.

Para la Relatoría Especial, estos hechos "son contrarios a los estándares regionales en materia de libertad de expresión y generan un notable efecto intimidatorio y de autocensura que comprometen no sólo a las personas directamente afectadas sino a todos los medios de comunicación en Venezuela".

La decisión de prohibir la circulación del semanario Sexto Poder significa imponer "una medida de censura previa" y las detenciones son "restricciones desproporcionadas" en contra del derecho internacional, señala.

La Relatoría recuerda a las autoridades venezolanas que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y diversos es "indispensable" para el funcionamiento de una sociedad democrática.

Asimismo, destaca que es deber del Estado crear las condiciones para que se de un debate democrático plural y desinhibido, con lo que "son necesarias garantías de funcionamiento libre de los medios de comunicación y de la expresión crítica o disidente".

La Relatoría exhorta a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto y garantía de este derecho según los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Venezuela es Estado parte.