La Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición para esta legislatura, se encuentra estancada por discrepancias entre los dos ministerios implicados en la consolidación del empleo de los doctores e investigadores. Trabajo está frenando los planes del equipo de Pedro Duque con un informe que pone en cuestión la innovadora figura del 'tenure-track', un compromiso sujeto a una evaluación de la labora al cuarto año de superar el concurso. Ello, según el documento del departamento dirigido por Yolanda Díaz, supone una desprotección para el trabajador y podría ser incluso inconstitucional. Hay un profundo debate en el Ejecutivo y la norma sigue sin llegar al Consejo de Ministros.
El Ministerio de Ciencia intentó llevar la pasada semana la nueva ley a la Comisión Delegada de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el famoso 'consejillo' que prepara los asuntos que luego se debaten en el cónclave de los martes en Moncloa. Pero se topó con Trabajo. El informe que esgrime el equipo de Díaz concluye que esa figura, importada del mundo anglosajón, no estabiliza las plantillas sino que produce el efecto contrario: mayor precariedad. Ante eso, defienden, la norma no puede recibir el visto bueno.
El borrador que está defendiendo Rafael Rodrigo, secretario general de Investigación del Ministerio de Ciencia y 'peso pesado' del equipo de Duque, acabaría, además, con la figura del investigador titular, algo que no es compartido por sus socios de coalición. Fuentes de Unidas Podemos explican que el proyecto, tal y como está redactado, no pasa su filtro y que, además, supondría un incumplimiento del acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 en materia de Ciencia. En ese texto se comprometieron a "reducir la temporalidad del profesorado e investigadores", algo que el 'tenure-track' no consigue, exponen.
Ciencia defiende, por su parte, que esta figura sería "idónea para asentar sobre ella el desarrollo de la carrera investigadora" y que sí aportaría una "contratación estable" pero "sujeta a condición de evaluación positiva". Fuentes oficiales del Ministerio añaden que en este momento se está trabajando en colaboración con varios ministerios para pulir estos detalles y que la reforma de la ley llegue a Consejo de Ministros lo antes posible.
En el borrador de la nueva Ley de Ciencia que está defendiendo Duque también hay otros detalles que están provocando un debate en el seno del Gobierno. La reforma no incluye el derecho a indemnización por la finalización de contrato al personal investigador en formación, los conocidos como predoctorales, y eso ha provocado también la oposición de Unidas Podemos. También se encuentra recogido en el acuerdo de Gobierno: "Continuaremos en la equiparación de derechos del personal investigador predoctoral". En los Presupuestos de 2021 se llegó a negociar una enmienda para cubrir esas indemnizaciones. Hubiera supuesto algo más de 7 millones de euros, según las fuentes consultadas, pero el Ministerio no lo ha incluido en su propuesta legislativa.
La reforma de la Ley de Ciencia tampoco incluye el desarrollo de la figura del "tecnólogo". Se trata de los técnicos que trabajan en los laboratorios y que se dedican a la extracción de datos o al manejo de tecnología avanzada, entre otras funciones. Su regulación se encontraba contemplada en una disposición adicional de la normativa actualmente en vigor, que data de 2011.
Otro aspecto conflictivo del proyecto de Duque, y que está provocando su parón, es el de la regulación de la llamada "transferencia del conocimiento". También está incluido en el pacto de Gobierno. El problema es que no hay acuerdo en el seno de la coalición porque, según Unidas Podemos, esta "transferencia" únicamente enriquece el traslado de investigadores de lo público a lo privado. Un dato: de cada diez investigadores que entran en el sistema público sólo uno continúa su carrera.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, envió una carta al ministro Duque criticando la falta de diálogo social en la aprobación de esta norma
Los problemas con el anteproyecto de Ley de Ciencia no son solo internos en el seno del Gobierno. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, envió la semana pasada una carta al ministro Duque criticando la falta de diálogo social en la aprobación de esa norma. Para el sindicato, la situación es "preocupante" por "las importantes repercusiones en el ámbito laboral que podría tener en un sector absolutamente estratégico para la economía".
La Ciencia es para el Gobierno un asunto central. Sánchez presentó el pasado verano un plan de choque dotado con 1.056 millones de euros de inversión directa y otros 508 en préstamos en condiciones ventajosas a empresas innovadoras. Además, el Congreso tiene previsto constituir este mismo jueves una subcomisión para trabajar en el Pacto por la Ciencia que lograría el 2% de inversión del PIB. Voluntad de avanzar hay pero no está siendo sencillo ante las condiciones fijadas por el departamento de Duque.
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